Facultades legislativas: GEPS cuestiona que se busque formalizar a jóvenes reduciendo costos laborales
El exviceministro Fernando Cuadros sostiene que el proyecto del Ejecutivo vuelve a plantear la reducción de costos laborales como vía para impulsar el empleo juvenil. En su lugar, propone subsidiar aportes a salud y pensiones para que las MYPE contraten jóvenes con todos sus derechos.
La República en GoogleEl pedido de facultades legislativas del Ejecutivo plantea revisar los mecanismos de contratación y los beneficios laborales vinculados al empleo juvenil. Para Fernando Cuadros, integrante del Grupo de Economía Política y Social (GEPS) y exviceministro de Promoción del Empleo, el contenido del proyecto vuelve a colocar sobre la mesa una fórmula que ya se ha utilizado en el país: reducir el costo de contratación mediante regímenes laborales especiales para intentar elevar la formalización.
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Cuadros señaló a La República que el proyecto y su exposición de motivos hacen referencia a los “elevados costos laborales” que enfrentarían las empresas para contratar formalmente a jóvenes, además de plantear una revisión de los mecanismos de contratación y del sistema de beneficios laborales de esta población. A su juicio, esa formulación permite anticipar que la propuesta podría terminar reduciendo determinados beneficios como mecanismo para incentivar la contratación.
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El planteamiento adquiere relevancia porque el Gobierno ha vinculado la reforma laboral con la necesidad de aumentar el empleo formal entre los jóvenes. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, ha señalado que una eventual reforma debe permitir que más jóvenes accedan a empleos formales con cobertura de salud y protección previsional. Asimismo, en julio afirmó que volvería a defender la denominada Ley Pulpín, que establecía un régimen laboral especial para jóvenes de 18 a 24 años y fue derogada en 2015.
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El antecedente de la Ley Pulpín
La referencia a la Ley Pulpín no es casual. La Ley N.° 30288 creó en 2014 un régimen laboral especial y temporal para jóvenes de 18 a 24 años, con determinadas reglas diferenciadas respecto del régimen general. La norma fue posteriormente derogada en 2015.
Cuadros considera que el proyecto actual podría avanzar nuevamente hacia un esquema de ese tipo, aunque precisa que el problema del empleo juvenil no se resolvería únicamente reduciendo los costos laborales. “Este tipo de esquemas ya se aplicaban en el Perú”, sostuvo, al referirse a los distintos regímenes laborales especiales implementados desde la década de 1990.
Según su análisis, la existencia de modalidades con menores costos laborales no habría conseguido modificar de manera sustancial la informalidad. Por ello, considera que insistir en esa herramienta sin atender las características de la economía peruana dejaría sin abordar las causas estructurales de la baja generación de empleo asalariado formal.
El punto central de su argumento es que la economía peruana tiene una estructura productiva concentrada en actividades primarias, mientras que una parte importante del sector servicios presenta baja productividad y concentra trabajadores independientes. En ese contexto, sostiene que una política orientada exclusivamente a abaratar la contratación no sería suficiente para generar puestos de trabajo formales a gran escala.
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Subsidios en lugar de recortar beneficios
Como alternativa a reducir beneficios laborales para abaratar la contratación juvenil, Cuadros plantea que el Estado reduzca el costo sin disminuir sus derechos laborales. La alternativa incluida en el análisis del GEPS consiste en establecer incentivos económicos para que las micro y pequeñas empresas incorporen a jóvenes a planilla bajo condiciones formales y estables.
El mecanismo propuesto sería un subsidio parcial y gradual a las contribuciones que realizan empleadores y trabajadores a los sistemas de protección social. En concreto, Cuadros propone subsidiar el 9% correspondiente al aporte del empleador a EsSalud y el 13% del aporte previsional del trabajador, bajo un esquema que debería ser definido según los criterios de focalización y permanencia establecidos por la política.
La condición, según explicó, sería que las MYPE contraten a los jóvenes formalmente, en planilla, con todos sus derechos laborales. El subsidio podría ser mayor cuando la contratación sea estable y menor cuando se trate de empleos temporales que, por la naturaleza de la actividad, requieran esa modalidad.
“Sin recorte de beneficios laborales”, remarcó Cuadros al explicar la propuesta, que busca reducir el costo que enfrenta la empresa sin trasladar ese ajuste al trabajador.
El planteamiento también incorpora un componente específico para las mujeres jóvenes, debido a las mayores dificultades que, según Cuadros, enfrentan para acceder a un empleo formal. De esta manera, el subsidio podría incluir un incentivo adicional para las empresas que contraten a jóvenes mujeres bajo las condiciones establecidas.
La propuesta sería gradual y focalizada
A diferencia de una reducción permanente de beneficios laborales, la propuesta supone que el menor costo para las empresas sea compensado con recursos públicos. El aporte que dejarían de realizar empleadores o trabajadores, dentro del esquema subsidiado, sería cubierto por el Tesoro Público.
Cuadros plantea que el mecanismo tendría que diseñarse de manera focalizada y gradual para evitar que el beneficio termine subsidiando contrataciones que se habrían producido incluso sin el incentivo. Por ello, considera necesario establecer condiciones relacionadas con la edad, el tamaño de la empresa, la duración del vínculo laboral y la estabilidad de la contratación.
Para Cuadros, además, una política de empleo juvenil debería formar parte de una estrategia más amplia de transformación productiva. Su planteamiento incluye impulsar procesos de industrialización y diversificación económica capaces de generar actividades con mayor productividad y demanda de trabajadores asalariados.
De esta manera, el análisis del GEPS no se limita a cuestionar el contenido laboral del pedido de facultades. También plantea una alternativa concreta para el empleo juvenil: utilizar recursos públicos para reducir temporalmente los costos de formalización de las MYPE, pero condicionando el beneficio a la contratación de jóvenes con empleo formal, estable y con protección laboral completa.
