Taxis por aplicativo en Perú: estudio propone nuevas reglas para Uber, DiDi, Cabify y otras plataformas

Las aplicaciones de movilidad ya tienen un lugar ganado en el mercado de servicios urbanos, pero las reglas para las empresas que operan detrás de ellas siguen dispersas. Esa brecha regulatoria vuelve a estar sobre la mesa tras un estudio de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) y el Observatorio de Plataformas-Perú, que plantea al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establecer un marco sectorial para una actividad que ya tiene una demanda consolidada.

“Primero necesitamos una norma que las reconozca como actividad económica. Inclusive hay inseguridad para las propias empresas. Somos un país que va a contracorriente del avance normativo en América Latina y en el mundo”, sostuvo Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas-Perú, en entrevista con La República.

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El tamaño que ha alcanzado este mercado muestra por qué la regulación de estas plataformas cobra cada vez más importancia. El estudio recoge que en 2022 se realizaban alrededor de 117.000 pedidos de reparto diarios en el país, de los cuales cerca del 80% se concentraba en Lima. Además, la investigación señala que 8 de cada 10 limeños utilizan aplicaciones de movilidad.

El informe “Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú” realizó 70 evaluaciones de cliente incógnito entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y revisó seis servicios digitales: Uber, DiDi, Yango, inDrive, inDrive Entregas y Cabify.

Según el documento, Perú no cuenta con una norma sectorial nacional específica para la intermediación digital de transporte. Esto no significa que las plataformas carezcan de obligaciones. Actualmente intervienen el MTC, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), las municipalidades e Indecopi, de acuerdo con sus respectivas competencias. El estudio cuestiona que estas atribuciones estén dispersas y que no exista un registro sectorial nacional ni facultades claramente delimitadas para supervisar de manera integral a estas empresas.

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Plataformas establecen requisitos distintos mientras crece el mercado digital

La falta de un marco común también se refleja en las condiciones que se exigen a conductores y repartidores. Una plataforma puede solicitar SOAT, reconocimiento facial, DNI actualizado o revisión técnica, mientras otra establece requisitos diferentes.

“No todas las plataformas piden lo mismo, por eso tenemos algunas que son, desde ese punto de vista, más inseguras que otras. Como no tenemos una normativa que debería venir del Ejecutivo, en este caso el MTC, cada una tiene esa discreción”, explicó Dinegro.

Los resultados de las 70 evaluaciones muestran parte de esas diferencias. Solo 18% de los taxis evaluados tenía el SOAT visible. En los servicios de paquetería, 12% presentó discrepancias entre la placa registrada en la aplicación y la del vehículo que llegó. Asimismo, 23% de los viajes en taxi por aplicativo terminó cancelándose antes de concretarse, frente al 13% de los servicios de paquetería.

A partir de estos resultados, el Observatorio plantea crear un Registro Nacional de Plataformas Digitales de Movilidad, exigir domicilio legal en el país, establecer estándares técnicos comunes y reforzar los mecanismos de verificación de conductores y atención de reclamos. El objetivo es fijar condiciones mínimas para todos los operadores, sin desconocer las diferencias entre sus modelos de negocio.

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Congreso evalúa retomar proyecto de ley para regular las plataformas de movilidad

Luis Quispe Candia, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, participó en la presentación del estudio y sostuvo que las plataformas forman parte de una transformación tecnológica que no puede ser revertida.

“La presencia de estos servicios que la tecnología ofrece en el mundo llega a nuestro país, no va a ser erradicada, es imposible. Parte del crecimiento es parte del avance de la tecnología en el mundo”, señaló durante su intervención.

El legislador explicó que un proyecto de ley sobre los servicios de intermediación digital, discutido durante varios años, terminó en el archivo al no ser aprobado por el Congreso. Según adelantó, la iniciativa podría ser retomada desde la comisión que preside. Uno de los puntos que debería contemplar, detalló, es que las plataformas tengan presencia formal en el Perú, con una oficina y un representante legal que responda por el servicio que prestan.

Quispe Candia también defendió la necesidad de establecer reglas para una actividad que ya tiene una demanda importante. Destacó que las aplicaciones permiten identificar al conductor, solicitar el servicio desde el celular y conocer las condiciones del viaje antes de abordarlo.

“Hay una serie de bondades que no ofrece el servicio del taxi convencional. De modo que es necesario regular”, afirmó durante el evento.

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Delivery bajo la lupa: 1 de cada 10 servicios evaluados trasladó pasajeros en moto

El debate regulatorio tiene además una expresión concreta en los servicios de reparto. El estudio encontró que 1 de cada 10 servicios de delivery evaluados terminó trasladando a una persona, pese a que el transporte de pasajeros en motocicletas bajo esta modalidad no cuenta con habilitación legal.

El Decreto Supremo N.º 035-2019-MTC establece el bloqueo de aplicativos y páginas web que ofrezcan transporte público de personas en vehículos de categoría L, salvo los L5. Para el Observatorio, el hallazgo evidencia que el problema no pasa únicamente por establecer requisitos para las empresas, sino también por mejorar la capacidad de fiscalización del Estado.

La situación también plantea dudas sobre la protección económica del usuario. Si una persona solicita un traslado no autorizado y sufre un accidente, la cobertura dependerá de las condiciones del vehículo y del seguro con el que cuente el conductor.

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“Ahorita no tiene ningún tipo de protección”, sostuvo Dinegro al ser consultada por La República sobre qué ocurriría con un pasajero accidentado en estas condiciones. Según explicó, los costos podrían terminar recayendo directamente sobre el usuario o el conductor, sin un tercero claramente obligado a asumir la responsabilidad.

El diagnóstico revela una discusión que va más allá de las aplicaciones. Con un mercado de reparto que ya registraba 117.000 pedidos diarios en 2022 y una alta penetración de las aplicaciones de movilidad, el desafío para el Estado pasa por definir reglas comunes, delimitar responsabilidades y establecer quién debe supervisar a estos operadores.