CAL evaluará suspensión de cinco miembros de la JNJ por faltas éticas
El Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitaron la medida cautelar contra los abogados Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo. Este miércoles 12 de agosto se llevará a cabo la audiencia.
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El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima evaluará este miércoles 12 de agosto, a las 5.00 p. m., la posible suspensión de cinco abogados que integran la Junta Nacional de Justicia debido a presuntas faltas éticas en el ejercicio de su profesión.
Esta audiencia definirá si se aprueba la medida cautelar impulsada por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra los abogados Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval.
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La denuncia, presentada el 4 de julio y admitida a trámite el 30 de octubre de 2025, se fundamenta en tres hechos que sucedieron en julio del año pasado. En primer lugar, los letrados habrían violado la ley al exigir la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, pese a que ya existía otra autoridad en funciones. En ese entonces, la exfiscal de la Nación era Delia Espinoza.
En segundo lugar, “por violar el texto expreso de la ley y promover actos propios de un gobierno de facto”. Los denunciados habrían promovido actos propios de un gobierno de facto al solicitar al Comandante General de la Policía Nacional el uso de la fuerza pública. Finalmente, también se les acusa de incumplir el deber ético de transparencia.
Según la acusación, estas conductas vulneraron artículos del Código de Ética, como los referidos a la obediencia a la ley, la probidad y la integridad. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el caso es paradigmático debido a la gravedad de los actos, los cuales incluso generaron el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, señalaron mediante un comunicado que ese tipo de conductas inconstitucionales significan “un serio perjuicio para la legitimidad y confianza de la profesión legal frente a la ciudadanía, así como contra la defensa del sistema legal y democrático que los abogados deberían fortalecer”.






















