Pobreza, crisis fiscal e institucionalidad: las decisiones que el próximo gobierno no podrá postergar
Aunque la economía mantiene cifras positivas, los ingresos de las familias aún no recuperan los niveles previos a la pandemia. A ello se suman la pobreza, la fragilidad fiscal y la crisis institucional, desafíos que marcarán la agenda del próximo gobierno.
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Más allá del resultado de esta segunda vuelta, el próximo gobierno llegará a Palacio con una agenda marcada por problemas que no admiten mayor espera. La pobreza, la debilidad fiscal, el crecimiento económico insuficiente y la crisis institucional figuran entre los principales retos que deberá afrontar la nueva administración.
‘Creo que hay tres o cuatro grandes ejes que tiene que encarar el próximo gobierno, quiera o no quiera, por las buenas o por las malas’, señaló el economista Armando Mendoza en diálogo con La República.
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Uno de los principales problemas, según Mendoza, es que el crecimiento económico del país no se ha traducido en mejoras concretas en el bienestar de la población. ‘El Perú viene creciendo a tasas positivas, pero moderadas del 2% o 3%’, explicó, aunque precisó que ese desempeño no ha tenido un efecto significativo en la economía de los hogares.
En esa línea, advirtió que existe una brecha entre las cifras macroeconómicas y la realidad social. ‘Las cifras en azul al nivel macroeconómico no se están reflejando en la economía de las personas’, sostuvo, al recordar que los ingresos reales aún no recuperan los niveles previos a la pandemia.
Para el economista, el problema no es únicamente el ritmo de crecimiento, sino su calidad y origen. Según explicó, el país sigue dependiendo de factores externos, lo que limita su sostenibilidad en el tiempo.
‘No sea por casualidad o por factores externos, por el famoso viento de cola’, apuntó, al señalar que el desafío es impulsar políticas públicas que permitan diversificar la economía, generar empleo de calidad y fortalecer las cadenas productivas internas.
También mencionó que el crecimiento debe dejar de concentrarse en pocos sectores. En su opinión, actividades como la agroexportación o la minería han mostrado dinamismo, pero no necesariamente han beneficiado al conjunto del aparato productivo ni al mercado laboral en general.
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Pobreza persistente y críticas al enfoque asistencialista
El segundo gran eje que deberá enfrentar el próximo gobierno es la lucha contra la pobreza, que calificó como un problema aún no resuelto. ‘Es inaceptable que seis años después de la pandemia estemos dando bandazos’, afirmó, en referencia a la falta de continuidad y coherencia en las políticas sociales.
Mendoza consideró que el país ha retrocedido en indicadores sociales y que la respuesta estatal ha sido desordenada, muchas veces enfocada en medidas de corto plazo.
En ese sentido, cuestionó el enfoque predominante de los programas sociales, al señalar que en muchos casos se limitan a transferencias monetarias sin una estrategia de desarrollo detrás.
‘No simplemente se limite al tema de que bueno, te doy un bono (…) que en realidad es una visión populista y clientelista’, sostuvo, al advertir que este tipo de políticas pueden terminar debilitando el objetivo de reducción sostenible de la pobreza.
Desde su perspectiva, la política social debe tener una lógica distinta. ‘La ayuda social no como un mecanismo de clientelismo político, sino como una política de desarrollo con claridad, transparencia y efectividad’, remarcó.
Deterioro fiscal y debilitamiento institucional
Otro de los problemas que deberá afrontar el próximo gobierno es el deterioro fiscal, resultado de decisiones que han reducido los ingresos públicos y aumentado las presiones sobre el presupuesto estatal.
‘La disciplina fiscal ha sido saboteada, ha sido literalmente acuchillada por todos lados’, afirmó, al referirse tanto al incremento del gasto público como a la reducción de ingresos tributarios.
Criticó además la proliferación de beneficios fiscales y exoneraciones sin criterios técnicos claros ni exigencias de impacto económico.
‘Se les entrega exoneraciones tributarias para que paguen cero por ciento de impuestos… sin el más mínimo nivel de inversión o empleo’, señaló, en referencia a determinados regímenes especiales.
Para el economista, este escenario ya empieza a generar consecuencias visibles en la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones. ‘La plata ya no alcanza’, advirtió, al señalar que existen señales de presión presupuestaria en diversas áreas del sector público.
El último gran reto identificado por Mendoza es la crisis institucional que atraviesa el país. A su juicio, no se trata de un problema nuevo, pero sí de uno que se ha profundizado en los últimos años debido a la constante inestabilidad política.
Esa situación, añadió, se refleja en la alta rotación de autoridades en sectores del Estado. El Ministerio del Interior es uno de los casos más evidentes, con numerosos cambios de titulares en un corto periodo, lo que dificulta la continuidad de las políticas públicas.
Frente a este escenario, advirtió que la próxima administración no podrá darse el lujo de postergar decisiones. La acumulación de problemas económicos, sociales e institucionales reducirá su margen de acción desde el primer día de gobierno. 'La realidad se los va a imponer', sostuvo, al considerar que las respuestas deberán llegar con rapidez ante las demandas que enfrenta el país.





































