AAP a candidatos: “Ordenar el tránsito y modernizar el transporte es una necesidad”
La Asociación Automotriz del Perú recordó que la congestión en Lima genera pérdidas cercanas a los S/ 20 mil millones, equivalentes a alrededor del 2% del PBI. Además, golpea la productividad, deteriora la calidad de vida de los ciudadanos.
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Tras revisar los planes de gobierno publicados en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió que, si bien varias candidaturas sí mencionan el tema del transporte, en muchos casos este aún no aparece con la prioridad estructural que exige el país.
Para el gremio, tránsito y transporte no pueden seguir siendo tratados como asuntos accesorios o fragmentados, pues su impacto alcanza directamente la competitividad, la seguridad vial, la economía familiar y la calidad de vida de millones de peruanos.
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“El transporte debe estar en la misma línea de prioridad que la salud, seguridad y la educación, porque también define el bienestar de las personas. Cuando un ciudadano pierde horas todos los días en el tráfico, se moviliza en condiciones inseguras o depende de un sistema ineficiente, lo que afecta no solo su traslado, sino también su tiempo, su economía y sus oportunidades de desarrollo”, sostuvo Jaime Graña Belmont, Gerente General de la AAP.
Graña Belmont remarcó que el problema ya representa un enorme costo para el país. Y esto porque solo en Lima y Callao, la congestión genera pérdidas de alrededor de S/ 20 mil millones al año.
“No estamos frente a una simple molestia urbana, sino ante un serio freno para la productividad, la competitividad y la calidad de vida”, afirmó.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, la congestión en Lima generó en 2023 pérdidas cercanas a los S/ 20 mil millones, equivalentes a alrededor del 2% del PBI.
La AAP añadió que esta situación se agrava por la antigüedad del parque automotor. Según información institucional del gremio, la antigüedad promedio del parque automotor peruano supera los 14 años. En el caso del transporte público y de carga, el propio Estado ya había advertido una antigüedad promedio de 22.5 años, mientras que la ATU informó en febrero de 2026 que 385 vehículos informales de transporte público con más de 30 años de antigüedad fueron enviados al depósito durante operativos en Lima y Callao.
“Un país no puede aspirar a ser más competitivo ni más seguro con un sistema de transporte colapsado y una flota envejecida. No basta con hablar de obras o conectividad; se necesita una visión integral que incluya transporte público moderno, seguridad vial, renovación del parque automotor, fiscalización e institucionalidad. El próximo gobierno debe entender que ordenar el tránsito y modernizar el transporte es una necesidad nacional”, concluyó Graña.
Buses eléctricos
¿Qué hace falta para contar con autos y buses eléctricos? Ellioth Tarazona, gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú, explicó en un reciente informe para La República que el principal desafío para la transición a energías renovables en transporte es que falta un marco regulatorio claro. El gremio propuso un plan en el 2021 para promover la electromovilidad, pero no se ha ejecutado.
No hay una ley nacional de electromovilidad; además, falta regulación sobre infraestructura de carga, disposición final de baterías, fabricación y ensamblaje de baterías. Entonces, sin reglas claras, la inversión privada se frena.
Asimismo, la infraestructura de carga es ineficiente. Hay muy pocas estaciones de carga rápida en el país, apenas 10 a 12 en todo el país.
A diferencia de Chile, que tiene más de 4.500 buses eléctricos, en Colombia 1.600 y en Perú apenas 8 buses eléctricos.
Y faltan incentivos. “Nosotros el año 2021 planteamos que había que trabajar sistemas de transporte público masivo en ómnibuses eléctricos, por ejemplo, asignando un puntaje adicional cuando se realiza la evaluación económica en los procesos de licitación o incluso otorgando mayores plazos en la concesión a las empresas que oferten ómnibuses eléctricos”.
Asimismo, indicó que el Estado tiene que impulsar mediante incentivos tributarios, para que las empresas privadas implementen sistemas de carga pública.
También exonerar al pago del IGV a los vehículos eléctricos en los próximos 10 años. Esto a fin que los usuarios puedan adquirir estos vehículos, que ofrecen además un 80% en reducción de gastos en combustible y 50% menos gasto en mantenimiento.




























