Aprueban ley que obliga a priorizar inversiones públicas retrasadas
El Congreso aprueba la Ley N.° 32454, enfocada en reorganizar las inversiones públicas en Perú y mejorar la gestión de proyectos con ejecución morosa.
La República en GoogleEl Congreso de la República aprobó la Ley N.° 32454, que busca reorganizar las inversiones públicas en el país, especialmente aquellas que presentan retrasos en su ejecución. La norma, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, tiene como objetivo ordenar y transparentar el avance de los proyectos estatales para garantizar un cierre más eficiente de brechas en infraestructura y servicios básicos.
La nueva ley crea un registro denominado cartera de moratoria, que deberá ser elaborado por todas las unidades ejecutoras. Este incluirá los proyectos con declaratoria de viabilidad o aprobación que, a la fecha de publicación de la norma, se encuentren con ejecución morosa. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el encargado de definir los criterios técnicos de este listado.
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Además, las oficinas de programación multianual de inversiones tendrán que dar prioridad a la culminación de los proyectos incluidos en la cartera de moratoria antes de iniciar nuevas iniciativas. El MEF también determinará el porcentaje de proyectos rezagados que deberán priorizarse para su ejecución.
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Con el fin de garantizar transparencia, la ley obliga a que tanto el MEF como las entidades ejecutoras publiquen trimestralmente en sus portales web la actualización de esta cartera. Los proyectos culminados solo podrán retirarse del registro una vez que cuenten con liquidación física y financiera, mientras que los no concluidos permanecerán hasta que se registre su cierre oficial en el sistema de inversiones.
Asimismo, la norma incorpora un sistema de incentivos. Los gobiernos regionales y locales que avancen en la ejecución de las inversiones rezagadas podrán acceder a beneficios presupuestarios establecidos en la Ley de Presupuesto Público.
La Ley N.° 32454 fue dada en Lima el 8 de setiembre de 2025 y promulgada por el Ejecutivo el 29 del mismo mes.
