Perú destina menos de S/700.000 para prevenir los delitos en todo el país

La seguridad ciudadana no solo es una prioridad social, sino también un tema profundamente económico. Así lo advirtió Noam López, politólogo, investigador y docente universitario, durante el seminario académico 'Economías ilegales', realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Su diagnóstico fue directo: el problema de la criminalidad organizada en el país no podrá resolverse mientras el Estado siga apostando casi exclusivamente por una lógica de gasto punitivo y reactivo, en lugar de una planificación con enfoque preventivo, evidencia y descentralización.

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“La seguridad es un derecho, pero también una cadena de decisiones presupuestales, de modelos de inversión y de priorización de servicios públicos”, sostuvo.

Según López, los gobiernos peruanos han invertido sumas considerables en cámaras de videovigilancia, patrulleros, declaratorias de estado de emergencia y presencia militar en las calles, mientras se descuidan enfoques más eficaces como los modelos de policiamiento proactivo orientado a la resolución de problemas, especialmente el comunitario y el basado en inteligencia.

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Al analizar la inversión pública en seguridad desde la última década, se evidencia una priorización de recursos en elementos simbólicos (como gorras, chalecos o megáfonos para las juntas vecinales) en lugar de programas sostenibles de prevención. Esta lógica refleja una comprensión superficial del financiamiento preventivo.

Lo urgente, según López. es implementar intervenciones focalizadas con poblaciones en situación de riesgo, como evitar que adolescentes y jóvenes ingresen a trayectorias delictivas o prevenir que menores sean captados por redes de trata de personas.

Menos de S/700.000 para prevenir delitos en Perú

La cifra es casi absurda: el programa presupuestal 0030 del Ministerio de Economía, orientado a la reducción de delitos y faltas, asigna menos de S/700 mil para tareas preventivas. De ese monto, apenas dos productos concretos buscan involucrar a la sociedad civil o capacitar a la policía. ¿El resultado? Repartido entre las 1.318 comisarías del país, cada estación policial recibe en promedio menos de S/500 al año para prevención.

"¿Cuánto recurso o presupuesto se ha destinado a prevenir los delitos? ¿Cuánto se ha destinado para la policía para que pueda prevenir delitos? Menos de S/700.000 para dos productos del Programa Presupuestal 0030, que es el programa presupuestal de reducción de delitos y faltas", afirmó Noam López. "Son dos productos que tienen que ver con prevención a través del trabajo organizado con la sociedad civil y con actividades de capacitación para la policía. Ambos suman menos de S/700.000, que si divides entre 1.318 comisarías, a cada una le toca S/500 soles o menos", detalló.

Mientras tanto, comisarías como la de 28 de Julio en Ayacucho operan sin radios y dependen del WhatsApp personal de los policías. En Madre de Dios, los patrulleros están inmovilizados por falta de mantenimiento.

“Esto no es un problema técnico, es un modelo de gestión de recursos administrativos en seguridad fallido”, señala López.

En otras palabras, se invierte en responder al crimen, no en evitarlo. Y eso, con el tiempo, encarece todo el sistema.

La criminalidad cuesta más cuando el Estado llega tarde

La economía del crimen organizado no se combate solo con represión. López advierte que delitos como la extorsión—que hoy afecta desde pequeños comercios hasta restaurantes en ciudades como Trujillo, Lima o Piura—no se enfrentan con militares en las calles ni con cámaras de vigilancia. “La extorsión se hace por WhatsApp o llamada. Ningún dron la previene”, dice.

La inversión en estrategias comunitarias, inteligencia policial o articulación interinstitucional es mínima. “No hay laboratorios de criminalística, no hay sistemas integrados, no hay interoperabilidad”, lamenta.

Esto genera una paradoja: el delito sigue avanzando, mientras los recursos públicos se usan en medidas costosas y de corto plazo. “Lo que se gasta mal hoy, será mucho más caro mañana: en vidas, en percepción de riesgo y en desinversión privada”, alerta.

...y la información también

Desde hace tres años, el Perú no cuenta con una cifra homologada. La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales ha dejado de presentar data semestral sobre victimización y ahora lo hace solo una vez al año.

“La gestión de la seguridad ha comenzado a cerrar su información en lugar de abrirla”, advierte López.

El impacto económico de esa opacidad es profundo: sin data georreferenciada, sin diagnósticos confiables, los recursos se asignan a ciegas. “No se sabe bien qué zonas priorizar, qué delitos aumentan, qué estrategias funcionan”, señala. La consecuencia es clara: las políticas se planifican con indicadores incompletos y subregistrados, creando una ilusión de mejora que no resiste el contraste con la realidad.

La descentralización del presupuesto

El centralismo en la gestión de la seguridad también tiene costos económicos. Las regiones tienen escasa capacidad de acción, a pesar de ser las más golpeadas por la criminalidad. Solo dos decretos legislativos de 2023 (DL 1571 y 1579) permitieron a los gobiernos regionales invertir en seguridad. “Sin ellos, no se hubieran comprado patrulleros ni laboratorios. Hoy, los gobiernos regionales están prácticamente ausentes”, dice López.

Todo se decide en Lima, incluso cuando el delito ocurre en Piura, Ayacucho o Puno. “Una denuncia de extorsión en el norte del país tiene que esperar que Lima analice si el caso merece actuación. Eso no es eficiencia”, sentencia. Frente a delitos dinámicos como la minería ilegal, el tráfico de tierras o de insumos químicos, el Estado llega siempre después. Y cuando llega, es caro e ineficaz.

Poca denuncia, poca inversión, poca reacción

El subregistro de denuncias también afecta la eficiencia económica del sistema. De cada 100 peruanos, 26 han sido víctimas de delitos patrimoniales en el último año. Pero solo entre el 14% y 17% denuncia el hecho. En casos como extorsión o violencia sexual, la tasa de denuncia puede ser inferior al 1%.

Esto implica que la policía trabaja con una imagen distorsionada del delito, y que los planes operativos y las decisiones presupuestales se hacen sobre una base falsa. “Cuando uno le pide al funcionario que sustente más inversión en prevención, no tiene evidencia que mostrar. Y sin evidencia, el Congreso o el MEF no aprueban el gasto”, explica López. Resultado: en 2024 y 2025 se repite el mismo exiguo presupuesto preventivo.

López plantea que, desde una perspectiva económica, la reforma policial es urgente para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad. Y propone tres cambios clave:

1. Actualización de la formación policial, pues los sílabos siguen con bibliografía desfasada por más de 30 años.
2. Gerencia de recursos, porque los policías en regiones siguen sin insumos básicos ni conectividad.
3. Integridad institucional, con mecanismos reales de depuración interna.

Estas reformas no solo reducirían el costo del crimen, sino que permitirían reasignar recursos hacia prevención e inteligencia. “Hay tesis, modelos, diagnósticos. Lo que falta es decisión política y presupuesto”, concluye.