Congreso aprueba nueva Ley MYPE con beneficios tributarios, laborales y de capacitación para micro y pequeñas empresas

El Congreso de la República promulgó una nueva Ley MYPE que reemplaza el marco normativo vigente y establece medidas integrales para la formalización, capacitación, acceso a financiamiento, régimen laboral especial y beneficios tributarios de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en el Perú. La norma también modifica el régimen de fiscalización laboral, introduciendo sanciones proporcionales y un enfoque educativo para infracciones formales cometidas por MYPES.

La ley —reconsiderada y aprobada por insistencia el 10 de mayo de 2024— deroga importantes normas previas como la Ley 28015 y el Decreto Legislativo 1086, y dispone la creación de fondos públicos, créditos tributarios por capacitación, sistemas de garantía, así como un régimen de pronto pago por parte del Estado. También otorga facilidades para el acceso a compras públicas, busca elevar la productividad del sector y establece incentivos para la transformación digital de las empresas de menor tamaño.

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Nuevo régimen integral para las MYPE

La ley reconoce a las micro y pequeñas empresas como actores clave en la economía nacional, con un enfoque articulado que abarca desde la formalización hasta la internacionalización. Crea un marco único de promoción empresarial y establece que las MYPES acceden a programas de asistencia técnica, desarrollo productivo, gestión empresarial, transformación digital, transición ecológica y sostenibilidad.

Beneficios tributarios y laborales para micro y pequeñas empresas

Uno de los ejes centrales de la norma es la creación de un crédito tributario por capacitación, equivalente al 50% del gasto en formación técnica de trabajadores de MYPES, aplicable contra el Impuesto a la Renta. También se consolida un régimen laboral especial con beneficios diferenciados: jornada flexible, menor compensación por tiempo de servicios y vacaciones reducidas, entre otros, todo con el fin de promover la formalidad.

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Además, las MYPES contarán con reglas claras para salir del régimen especial si incumplen requisitos, pero con opción a reincorporarse al subsanar las faltas, lo que introduce mayor seguridad jurídica para el pequeño empresario.

Acceso a financiamiento y garantías estatales

La ley crea un Fondo de Garantía para el Financiamiento de las MYPE (Fogamype) y un Fondo de Apoyo Empresarial MYPE (FAE-MYPE) para asegurar préstamos con mejores condiciones. Se incluyen garantías para microcréditos orientados a capital de trabajo y a la reactivación económica.

Asimismo, se dispone la implementación de un régimen de pronto pago del Estado a proveedores MYPE, con un máximo de 30 días calendario para efectuar los pagos, bajo supervisión de la Contraloría.

Acceso a mercados y compras públicas

Las MYPE tendrán prioridad en el acceso a compras públicas, con procesos especiales y trato preferencial. También podrán agruparse en consorcios para participar en licitaciones de mayor envergadura. La norma exige que se diseñen políticas de desarrollo productivo específicas para las MYPES en cadenas de valor locales y exportadoras.

Fiscalización con enfoque educativo: nueva sanción laboral para MYPES

Se modifica el artículo 39 de la Ley General de Inspección del Trabajo, estableciendo que ante una primera infracción formal detectada o autodenunciada por una MYPE, se aplicará una medida educativa previa a cualquier multa. Esta medida podrá consistir en capacitaciones, entrega de material instructivo o talleres dirigidos por SUNAFIL.

Solo si la empresa incumple la medida educativa, procederá la sanción. Además, las multas se reducen en un 50% para pequeñas empresas y en un 70% para microempresas.

Derogación de normas previas y nueva etapa legal

La ley deroga completamente la Ley 28015 y el Decreto Legislativo 1086, así como otras disposiciones dispersas que generaban superposición normativa. El objetivo es unificar el tratamiento legal de las MYPE bajo un solo marco normativo claro, actualizado y alineado con estándares internacionales de promoción empresarial.

¿Qué sigue?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y los ministerios involucrados deberán emitir en los próximos 120 días las normas reglamentarias y tutoriales específicos para su implementación. Con esta norma, el Perú busca modernizar su ecosistema empresarial, reducir la informalidad y fortalecer el crecimiento inclusivo.