
Agricultores y dirigentes se movilizaron para demandar la destitución del ministro Ángel Manero
Para la Junta de Usuarios de Agua del Perú y gremios agrarios, la gestión de Ángel Manero ha profundizado la crisis del sector. Anuncian un paro para el próximo 18 de junio.
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A pocas horas de que el Congreso resuelva el curso de las mociones de censura contra el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, se suma otro pedido de renuncia para un miembro de su gabinete. Se trata del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien viene siendo cuestionado por la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú y diversos gremios de productores agrarios.
A través de un plantón frente a la sede del Midagri, ellos pidieron la inmediata destitución de Manero que lleva más de 1 año en el cargo. Su principal critica hacia él radica en su débil liderazgo y su incapacidad para enfrentar la difícil situación del sector que está marcada por el alza de la canasta básica, la intermediación abusiva, el desabastecimiento hídrico y la falta de apoyo a los pequeños agricultores frente a fenómenos climáticos.
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"La incompetencia del ministro es evidente: se trabaja sin planificación, con baja ejecución presupuesto, hay un desempleo rural creciente y obras millonarias paralizadas o sin licencia social. Además, hay señales claras de corrupción e incumplimiento de promesas como la Línea Amarilla", indicó Américo Valderrama, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de Agua del Perú.
Hay que tomar en cuenta que, para el titular del Midagri, el agro debe ser visto como un negocio y no como una actividad idealizada, según dijo en un evento minero. Pero, esta no es la primera que pronuncia declaraciones desafortunadas. Hace algunos meses, invocó a los productores de mango a no instalar plantaciones de esta fruta en los próximos tres años, en el marco de una temporada con exceso de producción.
Su desencuentro con las organizaciones de la pequeña agricultura familiar es reiterativo. En Arequipa se limitó a cuestionar la representatividad de Conveagro y a sobreestimar su fuerza de movilización. No obstante, los gremios agrarios han convocado a un paro para el próximo 18 de junio, en caso de no conseguir respuestas a sus postergadas demandas.
Mientras tanto, ya vienen iniciando conversaciones con congresistas de diversas bancadas para buscar la interpelación del titular del Midagri y su posterior censura. Además, han cursado un documento oficial a la Presidenta de la República para solicitarle la remoción de Manero y del jefe de la ANA.
Sobre este tema, el ministro Manero descartó la existencia de una falta de apoyo en el sector. En esa línea, informó que el Midagri viene sosteniendo una serie de reuniones con representantes de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua (CONAJUP) para llevar a cabo encuentros descentralizados.
"El objetivo es fortalecer la asistencia que brindamos a nuestros agricultores a nivel nacional mediante la Ley Nº 31801, Ley que regula las Organizaciones de Usuarios de Agua para el fortalecimiento de su participación en la Gestión Multisectorial de los Recursos Hídricos", refirió desde una actividad con el gobierno regional de Arequipa.
Crecimiento no refleja situación de la pequeña agricultura
Desde el Midagri informaron que el sector agropecuario creció un 4% en el primer trimestre del año impulsado por diversas estrategias de acción que el Gobierno viene desplegando en el país y la normalización de las condiciones climatológicas. Para Valderrama, dicho indicador no grafica la situación que viven los pequeños agricultores, sino que se concentra en los resultados de la agroexportación.
"Ese 4% de crecimiento se debe a los agroexportadores. No refleja el crecimiento de los pequeños y medianos agricultores, que estamos instalados a nivel nacional, porque no hay ninguna política que haya implementado, desde que está dirigiendo esta cartera", enfatizó el dirigente.
Según Valderrama, la visión rentista del ministro se pone de manifiesto en su abierto respaldo a la ley que otorga beneficios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras, cuyo costo fiscal alcanzaría los S/20.000 millones en 10 años de implementación de la medida, tal y como lo advirtió el Ministerio de Economía a través de un informe técnico del 2024.
Si bien el Pleno del Congreso decidió derivar esta propuesta legislativa a la Comisión de Economía que preside Ilich López para un nuevo análisis, lo cierto es que hay sectores empresariales que persisten en su aprobación bajo el argumento de atraer inversiones e impulsar la competitividad del agro peruano.