Critican a ministro Ángel Manero por calificar a la pequeña agricultura como un negocio

La perspectiva de crecimiento para el sector agrícola de Perú para 2025 se mantiene en 7%, aún con los aranceles del 10% que aplican los Estados Unidos. De acuerdo con Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, se espera que nos acerquemos a la cifra para la segunda mitad del año. 

Y es que, si bien Estados Unidos representa uno de nuestros principales mercados —concentrando el 30% de las exportaciones agrícolas—, el titular del Midagri recordó que el gravamen impuesto es compartido por nuestros principales países competidores, por lo que no se genera una ventaja competitiva para ninguno en este escenario. Además ya se han iniciado gestiones para levantar las observaciones impuestas y evitar que disminuya el poder adquisitivo. 

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“La falta de protección a nuestra producción nacional ya va a impactar en más de 400.000 hectáreas de siembra de arroz”, alertó Cesar Guarniz Vigo, exgerente de la Junta Nacional de Usuarios de Riego, quien duda de la cifra optimista del ministro. 

En el plano interno, se busca compensar los efectos negativos de la eliminación de la antigua Ley de Promoción Agraria, que fue reemplazada por un esquema que impone a las empresas el pago de un bono denominado “beta”. 

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Según explicó Manero en rueda de prensa durante el lanzamiento del cuarto Agrofest —evento agrícola peruano organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP)—, el bono ha sido calificado como “anticompetitivo” ya que no existe en países con los que Perú compite directamente en exportaciones.

“Este bono beta estamos buscando compensarlo. La medida que queremos promover desde el ministerio es que el 50% del importe del bono beta que pagan las empresas le pueda ser devuelto de alguna manera”, aclaró el ministro. 

Aunque no se devolverá en efectivo ni como crédito fiscal, el Ministerio propone entregar a las empresas un bono canjeable por tierras en futuras subastas estatales. Cabe recordar que actualmente se viene desarrollando una cartera de proyectos de delegación que permitirá al Perú incorporar más de un millón de hectáreas nuevas.. 

Controversia por la agricultura familiar 

Ahora bien, Ángel Manero se encuentra en una postura controversial, debido a que durante su participación en el evento ‘Jueves Minero’ señaló que "mucho mejor nos iría si le decimos al agricultor crudamente que este es un negocio y si te va mal no le tienes que pedir nada al Estado. Si te va mal, tienes que salir del negocio como cualquier actividad económica. Suena duro, pero son lecciones que tenemos que dárselas. El problema en Perú es que hemos idealizado la agricultura. Creemos que la agricultura es una actividad bonita, que tienen que hacerla generación tras generación y se olvidan que la agricultura, finalmente, es un negocio, que la agricultura es el mercado puro y duro”. 

Desde la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), institución que alberga 28 organizaciones, no solo calificaron su declaración como despectiva, sino como evidencia de que la agricultura familiar, que involucra a más de 3,8 millones de agricultores y genera la mayor parte del empleo rural, no tiene ninguna opción de atención. 

“Es un malentendido”, afirmó Manero a La República. “Nosotros nos referíamos a la diversificación necesaria que tiene que haber en la pequeña agricultura”. 

De acuerdo con el ministro, su mensaje apuntaba a promover un cambio estructural en el sector agrícola, dejando atrás la resistencia al cambio e impulsando la adopción de nuevos cultivos. “El problema con los precios del mango se repite todos los años y hay que empezar a cambiar. Tenemos alternativas como el algodón o el cultivo de frambuesas”, ejemplificó. 

Por su parte, Luis Cruz, gerente de Conveagro, refutó esta postura, indicando que el problema con el mango se debió al cambio climático y a la falta de prevención. "Esperábamos una respuesta del ministerio antes de que los hechos ocurrieran", sostuvo en conversación con este diario.

Cruz también destacó que, entre las múltiples dificultades que enfrenta el sector agrícola —como el financiamiento, la asistencia técnica, el cambio climático y el acceso al mercado—, parece que solo se está prestando atención al problema de la transportación.

Asimismo, observó que los comentarios del ministro no sean hechos aislados, sino el reflejo de una política sostenida desde su llegada al ministerio, enfocada casi exclusivamente en beneficiar al sector agroexportador.

“Todas sus acciones y propuestas han estado dirigidas a ese sector”, señaló Cruz, y añadió que, si bien la agroexportación es parte del aparato productivo nacional, preocupa la falta de equilibrio en la atención ministerial. “Mientras el 3% del sector agroexportador recibe más del 90% de la atención, la agricultura familiar continúa siendo relegada”, advirtió.

En esa misma línea, Miguel Vásquez, experto en políticas públicas, señaló que la visión del ministro sobre el desarrollo agrario es rentista, priorizando su atención al subsector agroexportador y tratando con desdén a la agricultura familiar, lo cual es un "error garrafal" considerando que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) en conjunto con el Midagri, este sector abastece el 60% de la canasta básica alimentaria del país dirigiendo el 98% de su producción al mercado interno, constituyéndose por ende en la garantía de la Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Nación.

Además, aproximadamente el 65% del empleo informal en el ámbito rural es generado por las unidades agropecuarias de la agricultura familiar. En cuanto al empleo formal, estas unidades contribuyen con el 38.6%, según datos extraídos de la Encuesta Nacional Agraria 2022 publicada por el INEI.

"Los comentarios expresados por el ministro Manero son reiterativos y confirman la poca valoración que otorga a la agricultura familiar. Creo que se ha llegado a un punto sin retorno y en sintonía con las demandas de los gremios agrarios y rurales, considero que la única solución viable es su destitución, dado que carece de la capacidad y compromiso para implementar las estrategias y acciones necesarias que aborden las verdaderas necesidades del sector agrario, especialmente aquellas centradas en la agricultura familiar", sentenció Vásquez.

Cesar Guarniz coincidió con esta perspectiva y agregó que “realmente no existe un ministro para la agricultura familiar que defienda nuestros intereses”. Además, señaló que el propio ministro se contradice al impulsar la Ley Chlimper 2.0, la cual —dijo— busca restituir los beneficios tributarios y laborales retirados a los agroexportadores. Por ello, no sorprende su presencia en el cuarto lanzamiento del Agrofest, una actividad dirigida al sector agroexportador.

Cruz también cuestionó el respaldo del ministro a la Ley Chlimper 2.0, puesto que tiene un alto costo fiscal y recordando su disposición a renunciar tras la aprobación de dicha ley.

"Está en revisión y se votará nuevamente para ver si regresa al pleno esta semana. Exhortamos al Congreso a aprobarla en este periodo", actualizó Manero durante el evento.

Cabe señalar que la situación se complejizó aún más el pasado 15 de abril, cuando se presentó un segundo texto sustitutorio, reemplazando al anterior sin que hasta el momento se haya realizado un análisis público o técnico del nuevo documento. Esto ha generado confusión entre actores del sector, que continúan discutiendo sobre un texto que ya no es el vigente.

“Estamos realizando un análisis detallado del dictamen actualmente en vigor, y hemos encontrado varios hallazgos que sería importante dar a conocer a la población”, adelantó Vásquez.

Pocas horas después de que se hiciera de conocimiento público el descargo del ministro, desde la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), reafirmaron su postura crítica: 

• No aceptamos funcionarios que gobiernan de espaldas al campo. 
• Exigimos políticas públicas inclusivas, presupuestos justos y respeto a los productores agrarios. 
• No más discursos que invisibilizan la agricultura familiar.

El rechazo a la gestión del ministro llegó al punto en que la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú exigió a la presidenta Dina Boluarte y solicitó al Congreso de la República la inmediata interpelación o censura del ministro por incapacidad. 

Además, convocaron un plantón en el frontis del Midagri para el lunes 12 de mayo, con el fin de protestar ante la problemática crucial que enfrenta el sector agropecuario.