Presentan acciones legales para frenar la reactivación del proyecto Tía María

Los intentos del gobierno de Dina Boluarte por reactivar el proyecto minero Tía María han encontrado una férrea oposición en la población del Valle de Tambo. Al último paro preventivo de fines de octubre, se suman ahora dos recursos legales que podrían frenar su puesta en marcha.

Se trata de un pedido de nulidad de la resolución emitida por la Dirección General de Minería que autorizó su construcción en el 2019 y una solicitud al Senace para incorporarse como tercero en el procedimiento administrativo relativo a la evaluación del segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de este proyecto a cargo de la empresa Southern Copper Corporation. Ambas medidas fueron presentadas por los dirigentes Miguel Meza y Roger Chirapo.

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En el primer documento, se precisa que una autorización de construcción no puede utilizarse o generar efectos cuando el EIA perdió vigencia o caducó, como es el caso de Tía María. En el segundo, se deja constancia de la misma razón y de la pérdida de vigencia de la certificación ambiental del proyecto. "La caducidad administrativa no tiene que declarase formalmente, opera solo con el vencimiento de plazo y basta que el OEFA verifique la realización de actividades. Dicha entidad verificó que no se habían iniciado dentro, del plazo legal establecido", se lee.

Piden nulidad de Tía María

Durante una conferencia de prensa, el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, recordó que Tía María no cuenta con licencia social y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no está vigente desde el 2019. En esa línea, anunció que la población viene evaluando la posibilidad de organizar un paro indefinido en respuesta a la presión del Ministerio de Energía y Minas para iniciar la construcción de los tajos Tía María y La Tapada.

“Hemos acordado realizar una asamblea popular con la finalidad de ir a un paro indefinido. Pese a la invitación a la presidenta, al premier y al ministro de Energía y Minas para que escuchen al Valle de Tambo, no han llegado. Es mentira que la empresa Southern Perú tiene licencia social por parte de la población para desarrollar Tía María, su proyecto se encuentra en un ecosistema frágil”, refirió.

Por su parte, el también dirigente del Valle de Tambo, Roger Chirapo, dio a conocer que tanto el SENACE como OEFA les dan la razón a los agricultores del sur respecto a que Southern no cuenta con los permisos para desarrollarse desde el 2019. A ello se suma que, la empresa solicitó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el uso de aguas superficiales para el proyecto Tía María, lo cual podría afectar al Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía.

“Hace algunos días, la alcaldesa de Mejía le ha dicho a Southern que no va a permitir el uso de aguas superficiales ni subterráneas. Junto al alcalde provincial de Islay harán las denuncias respectivas si la ANA se les ocurre darles el permiso. Nosotros vamos a ser terceros en este procedimiento administrativo”, enfatizó.

Precisamente, el legislador Jaime Quito remitió un oficio al Jefe de la ANA, José Musayon, para que dicha entidad deniegue la solicitud de permiso de aguas residuales a Southern con el fin de salvaguardar el recurso hídrico, así como conservar los humedales y ecosistemas.

“Respaldamos al Valle del Tambo, que exige la cancelación de Tía María. Aquí en el Congreso se están preparando leyes para criminalizar a la población y, en ese sentido, nos oponemos y exigimos detener esta hemorragia de leyes que solo destruyen lo que la ciudadanía quiere", señaló.

Finalmente, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifestó su preocupación por los índices de inseguridad alimentaria en el país, lo cual podría agravarse con el desarrollo de proyectos mineros que impactan en los recursos hídricos y agrícolas.

"La falta de agua no solo impacta en el consumo humano, sino también en la producción de alimentos, lo que podría llevar a una crisis alimentaria más profunda", sentenció.