Minería informal del cobre avanza en el Perú debido a altos precios internacionales
Un reciente informe del grupo CooperAcción revela además que las regiones de donde se extrae el cobre no cuentan con servicios básicos, como electricidad, pese a que el cobre es un insumo clave para la transición energética.
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Los altos precios del cobre internacional han impulsado la minería informal de este metal en el Perú, un fenómeno que normalmente no ocurre, como sí con el oro, según una reciente investigación del grupo CooperAcción.
Con precios que, recientemente, han roto la barrera de US$10.000 por tonelada, algunas estimaciones indican una duplicación o hasta triplicación de la demanda de metales como el cobre en las próximas dos décadas a causa de la transición energética (autos eléctricos, paneles solares, baterías, etc.).
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La gran paradoja es que las comunidades rurales de las provincias del corredor sur andino, de donde se está extrayendo masivamente el metal rojo utilizado para infraestructura y tecnología energética en los países industrializados, se encuentran entre las que menos acceso tienen a energía eléctrica.
Para analizar estos aspectos, CooperAcción presentará el informe “Transición justa: El cobre para la transición energética y el corredor del sur andino”, elaborado por los investigadores Josselin Yauri, Thomas Niederberger y Paul E. Maquet, que aborda los desafíos para el Perú en un contexto de altos precios internacionales del cobre, metal clave para esta transición, así como las condiciones sociales y ambientales para evitar que un extractivismo exacerbado ocasione mayores impactos en las zonas mineras.
En el corredor sur andino se viven de forma recurrente conflictos entre las comunidades y las empresas, ya sea por los impactos ambientales y sociales, así como por la demanda de una distribución más justa de beneficios. En medio de toda esta conflictividad latente, los altos precios han desatado un nuevo fenómeno en el Perú: minería informal del cobre, un problema que normalmente se asociaba con el oro.
El informe destaca un reparto poco equitativo de los beneficios con las comunidades más afectadas. Espinar es el caso más dramático, donde con casi 40 años de actividad minera cuprífera, solo el 33,5% de los hogares rurales tienen acceso a electricidad (si se incluye las áreas urbanas, esta cifra alcanza al 61,3%).
"Por eso hablamos de transición energética justa: para los países en los cuales la transición va a significar un incremento en la explotación de ciertas materias primas, la discusión sobre la justicia involucra también los impactos ambientales y las condiciones sociales relacionadas con esa extracción, en el marco de un nuevo enfoque de gobernanza de la minería", señala CooperAcción.
