OEFA impuso medidas administrativas a Glencore por impacto ambiental en Espinar

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), de acuerdo con la resolución N.º 00144-2023-OEFA/DSEM y N.º 00142-2023-OEFA/DSEM, dictó una serie de medidas administrativas a la compañía minera Antapaccay debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los pobladores de Espinar (Cusco) y dañando el ecosistema. Las disposiciones fueron emitidas el último 16 y 21 de agosto de este año, según CooperAcción y Oxfam Perú.

En la primera resolución, como medida preventiva, se insta a la empresa a implementar estructuras hidráulicas impermeabilizadas para el manejo de aguas de contacto provenientes de los taludes laterales del Botadero 23, con el fin de captar y derivar dichas aguas hacia las pozas 1 y 2. El objetivo es prevenir la afectación de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales (quebrada Surachaqui).

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Mientras que, en la segunda, se solicita paralizar temporalmente las actividades de voladura en el Tajo Sur hasta implementar la optimización de los parámetros, con la finalidad de controlar la emisión de material particulado. Pide optimizar dichos parámetros considerando el factor de carga, vibraciones, granulometría de roca, onda expansiva y horarios de voladura, entre otras disposiciones.

Contaminación en aire y agua

CooperAcción y Oxfam Perú presentaron recientemente el informe 'Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos'. Este estudio analiza los documentos del OEFA —informe N.º 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC (OEFA, 2022) y el N.º 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC)— sobre la calidad del aire, que confirman que las emisiones de material particulado PM10, provenientes de las actividades de la mina, superaron repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos, poniendo en evidencia los riesgos significativos para la salud de personas de trece comunidades de la región Espinar, quienes se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados.

Al respecto, Maia Campbell, coordinadora de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Perú, indicó la necesidad de que las empresas que realicen proyectos extractivos aseguren que sus actividades respeten los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, incluyendo la debida diligencia.

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“Si bien los Estados son los responsables últimos de velar por el respeto a los derechos humanos, varios marcos de regulación y autorregulación que rigen la responsabilidad empresarial reflejan actualmente una interpretación muy extendida de las funciones que pueden desempeñar las empresas, tanto en la violación de derechos humanos con impactos negativos, como en el cumplimiento de los mismos", destacó Campbell.

Por su parte, Miguel Lévano, coordinador de Programa y Alianzas de Oxfam en Perú, señaló que la finalidad de la investigación es abrir espacios de diálogo con autoridades europeas, financistas de la empresa Glencore, entre otros actores, y que implicará la participación en una ruta de diálogo por siete países: Irlanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suiza, para buscar respuesta a los resultados del informe.

A su turno, Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K'ana, de Espinar, dijo que vienen denunciando públicamente la delicada situación que viven, la cual afecta de forma grave sus labores ganaderas y agrícolas, así como la salud de sus familias.

“La presencia de la empresa minera es un problema muy grande para nosotros, y ellos están avanzando. La contaminación está más fuerte, nuestra salud está seriamente afectada. Hay colectivos y asociaciones, pero las comunidades estamos totalmente abandonadas. Se mueren nuestros animales. ¿Con qué capital vamos a mantener la familia? Si el aire, el agua y la tierra están contaminados, ¿a dónde vamos a ir? No es fácil irnos a otro lugar”, alertó Merma.

Proyecto Coroccohuayco

Por otro lado, el Informe conjunto de CooperAcción y Oxfam Perú destaca que durante el proceso de adquisición de tierras para el proyecto Coroccohuayco, Glencore ha mostrado falta de transparencia y contradicciones en cuanto a la extensión de los terrenos necesarios para la empresa.

Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción señaló que "en la Modificatoria de Estudios de Impacto Ambiental (MEIA), la empresa declaró que necesitaba adquirir el 6% del territorio de la comunidad de Pacopata, y en la negociación fue más del 80%, lo que pondría en riesgo su existencia”.