Nueva ley de industrias: MEF estima impacto fiscal de S/32.000 millones al año

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anticipó que la nueva ley de industrias ocasionaría, anualmente, un golpe fiscal de más de S/32.000 millones, a razón de exenciones que “permitirían a industrias asentadas en ciudades como Cusco, Puno y Arequipa no pagar tributos”.

Durante la presentación del informe ‘Sistematización de las propuestas de reforma tributaria en el Perú, Chile y Colombia (2021-2023)’, organizada por el Grupo de Justicia Fiscal (GJF), la directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del MEF, Miryam Yepes, afirmó que la exoneración, que recoge la fórmula de la fenecida ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas, sería “perjudicial” si se termina aplicando en las ciudades.

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“La nueva ley de industrias es un proyecto que nos preocupa mucho. Mi Dirección General cacula que el costo fiscal sería de S/32.000 millones anuales, porque hay varios temas asociados, como las exoneraciones para zonas altoandinas", refirió la funcionaria.

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"Ciudades como Arequipa, Puno y Cusco no tendrían que pagar impuestos. Básicamente, es como extender la ley de la Amazonía [otra ley de promoción focalizada] a otras regiones. Esto sera mucho más perjudicial", agregó.

El MEF refiere que, cuando estuvo vigente la citada ley, muy pocas empresas —acotadas a pocas provincias— se beneficiaron. Yepes, además, advierte un impacto de S/15.000 millones con los cambios planteados a la Ley 30309 (I+D+i), que pasaría a ofrecer deducciones “supeditadas a los gastos de empresas”.

"Cuando uno ve en las encuestas cómo funciona o cuáles son los aspectos más importantes para los inversionistas, figuran la estabilidad política, la buena infraestructura pública y una regulación apropiada. Generalmente, los temas tributarios aparecen en el quinto o sexto lugar de los aspectos que más se fijan. Creo que los beneficios tributarios pueden funcionar, pero tienen que ser bastante focalizados y temporales", continuó Yepes.

BCRP, Minem, IPE y Comex han presentado también sus objeciones ante las comisiones de Economía y Finanzas y de Producción del Congreso, donde el dispositivo iniciará una carrera para ser debatido y aprobado en menos de un mes y medio.

Industrias en la mira

Para SNI, los alcances de la nueva ley suponen un beneficio mayor. El gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo, sostiene que se generará un ingreso per cápita de US$20.000 millones luego de 20 o 30 años de vigencia, además de descentralizar y diversificar los motores de la economía fuera de Lima.

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Consultado por si el PL 5892 de la nueva ley de industrias —que no sería retroactiva y que funcionaría para empresas que se constituyan en adelante, según sus autores— no generaría un incentivo para el enanismo fiscal, o para que las empresas cierren y abran con otra razón social, Castillo explicó que la necesaria “desatención de una unidad productiva” para acceder a los beneficios haría inviable tal posibilidad.

“Pero si quisieras invertir en una nueva unidad en la sierra u otra zona, bueno, tendrías la posibilidad de hacerlo. Normalmente, es muy difícil que se desmonte una industria; primero tendrías que hacerla quebrar, y creo que no se daría el caso”, explicó para La República.

El experto de Enerkory Rafael Laca también saluda la reforma que permitiría a mypes, como panaderías y talleres, negociar directamente el precio de su luz, en lugar de pagar tarifa residencial, si su demanda anual pasa de 50 kW. Una idea que, reconoce, no deja satisfechas a las propias distribuidoras eléctricas, pues perderían parte del mercado que tienen cautivo.

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“Como regulados, estos usuarios pertenecen obligatoriamente a una distribuidora eléctrica, por ley. Pero, como libres, pueden comprarle el suministro a cualquier generadora a nivel nacional [tal cual ocurre con las grandes empresas, como Alicorp y Las Bambas]”, subraya Laca.

Claves

1. Pliego. Son 8 los sectores priorizados en la nueva ley de industrias: agroindustria y biotecnología, pesca y acuicultura, forestal, textil y confecciones, industria naval, energías renovables, eficiencia energética y electromovilidad, proveedores a la minería, TIC y contenidos digitales.
2. Tarifas. Los usuarios libres pagan, en promedio, 40% menos que los regulados por la electricidad, según datos de Osinergmin recogidos por la SNI.