Congreso tiene en la mira el manejo de impuestos en casinos y alcohol

Un proyecto de ley presentado en octubre del 2021 gana terreno discretamente en el Congreso de la República en detrimento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que perdería su potestad para fijar el monto del impuesto selectivo al consumo (ISC).

Como se sabe, el ISC es un impuesto que se concibió como un instrumento disuasivo del consumo de productos que ocasionan efectos negativos sobre la salud de la población y el medio ambiente, además de tener una finalidad recaudatoria, según el MEF.

Las externalidades negativas son los impactos que genera el consumo de un producto para el entorno, efectos que alcanzan al resto de la sociedad: fumar, tomar demasiado, utilizar motores a combustión, etc, explica Carlos Casas, exviceministro de Economía.

De esta manera, a inicios de cada año el monto es actualizado en función del índice de precios al consumidor, y si un bien gravado experimenta un incremento mayor de 1% al año en su precio final, se sube el ISC con el fin de recuperar la carga tributaria, función técnica que el Congreso busca asumir mediante el PL 536-2021.

Esta iniciativa fue presentada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, y ya cuenta con dictamen favorable en las comisiones de Economía y, recientemente (3 de noviembre), de Constitución y Reglamento, esta última presidida por el fujimorista Hernando Guerra-García, quien hace unos meses impulsó la reducción del IGV de 18% a 8% en bares y restaurantes.

Ahora buscan tener el control de la aplicación de tasas para bienes como combustibles, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas y ceras minerales, bebidas, líquidos alcohólicos, tabaco, vehículos automóviles, tractores, vehículos terrestres, sus partes y accesorios, así como de los tragamonedas y casinos.

Para Casas, existe una discusión muy larga sobre este tema que tiene puntos en contra y favor. Por ejemplo, algunos alegan que modificar el ISC le da mayor flexibilidad al MEF, el cual tiene respuestas mucho más rápidas, y repercute menos el efecto de los lobbies; pero si lo que se busca es guardar cierto orden en línea con los demás impuestos, tendría un punto a favor que pase esta potestad al Congreso, precisa el especialista.

¿Debería el Congreso fijar las tasas del ISC?

De acuerdo al tributarista David Bravo, es el Congreso el que tiene la potestad tributaria por mandato del artículo 74 de la Constitución Política del Perú; sin embargo, reconoce que se podría prestar en favor de los lobbies.

“Evidentemente, puede haber intereses en juego, sectores que se beneficiarían de manera eventual con una medida de esa naturaleza, pero desde el punto de vista técnico no dejaría de tener razón el Congreso, pues el tema tributario es algo que le compete”, precisa Bravo.

Al respecto, este diario se comunicó con dos extitulares de la cartera de Economía, quienes opinaron que la norma es perjudicial, ya que generaría un déficit fiscal y una afectación negativa en el presupuesto público.

“El riesgo es que el día de mañana, para favorecer a algún sector productivo-industrial de algún oligopolio, decidan rebajar la tasa. Eso costaría cientos de millones al fisco, se dejarían de hacer muchas cosas que dependen del gasto público”, precisó Pedro Francke.

El exministro recordó que el Congreso negó que se pudiera subir el impuesto a los yates, negando las facultades para que el MEF reduzca la elusión en la que incurren los dueños de estas naves, que escapan del impuesto sacando el yate fuera de aguas peruanas una vez al año y argumentando que ‘no es peruano, sino panameño’, lo que revela el modus operandi de los miembros del Congreso.

En esa línea, Alonso Segura, exministro de Economía, aseguró que la referida norma está siendo impulsada por aquellos actores que se ven afectados por este impuesto en la actualidad y lo que buscan es paralizar al Ejecutivo en esta materia.

“Es evidente que la razón por la cual está este proyecto de ley en el Congreso es porque son lobbies de casino, cerveza, alcohol y gaseosas, porque lo que quieren es paralizar al Ejecutivo. Ciertamente, el Congreso no tiene ningún tipo de racionalidad a la hora de actuar en materia tributaria, entonces lo que esto va a hacer es generar un daño a la salud pública”, destacó Segura.

¿Cómo va la recaudación por ISC?

Según el último reporte sobre la recaudación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el ISC registró un incremento de 4,7%, con pagos por S/843 millones solo en el mes de setiembre.

Este resultado es reflejo del buen desempeño de la demanda interna y la recuperación en la recaudación, luego de que dejara de estar vigente el DS 068-2022-EF, que excluyó a los combustibles menores de 95 octanos y diésel de la lista de bienes sujetos al ISC y cuyo impacto se sintió hasta julio.

Por otro lado, la entidad ya ha advertido que en el 2023 el Estado dejará de percibir S/20.354 millones, equivalente al 2% del PBI, por concepto de exoneraciones o incentivos tributarios.

Propuesta casi lista para pasar al Pleno

La Comisión de Salud, que debía evaluar el proyecto de ley 536/2021-CR, se inhibirá de ver el dictamen y de esta forma pasará directamente al Pleno para su debate y votación.

La presidenta de la Comisión de Salud, Elva Julón, de Alianza para el Progreso, manifestó a La República que esa iniciativa es del ámbito económico y por ello se ha planteado la inhibición, lo que será sometido a debate y votación el próximo martes 15 de noviembre.

De aprobarse la inhibición, el predictamen estará listo para ser agendado en el Pleno, que depende de la Mesa Directiva. Con esa norma, el Gobierno estará obligado a pedir facultades legislativas al Congreso para cambiar tasas y montos del IGV y del ISC.

“El proyecto tiene un nombre propio, tiene que ver con estos grupos de presión que están detrás y se están colgando de esta narrativa del Congreso, no es la primera vez. Al tener un nombre propio; es decir, tabacaleras, gaseosa, comercialización de vehículos nuevos, importación de volquetes, tractores — que sabemos que se van a la minería—, al tener ese espíritu, el proyecto se invalida”, aseguró el economista Eduardo Recoba.

Recoba destacó que no es una iniciativa que vaya a beneficiar a la población vulnerable “ni de lejos”.

Este medio se intentó comunicar con la autora de la propuesta, la congresista Chirinos, pero al cierre del informe no obtuvimos respuesta.

¿Quiénes estarían detrás del PL 536-2021?

La intentona para arrogarse de este impuesto, aplicado a productos como las gasolinas, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, ha recibido el respaldo, precisamente, de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), entre otros, para que la modificación de tasas o montos fijos sean aprobados por decreto legislativo, en caso de delegación de facultades.

Al otro lado, la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica manifestó que debe ampliarse el debate sobre la norma, ya que es de gran importancia para la vida, la salud, la economía y el desarrollo de los peruanos.

Según el dictamen aprobado por la Comisión de Economía, se le pidió opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Sunat y el MEF, pero solo este último se expresó en contra.

Datos

En subida. La recaudación de setiembre del 2022 alcanzó los S/12.928 millones de ingresos tributarios del Gobierno central. Dicho importe supera en S/1.572 millones al logrado en setiembre del 2021.

Recuperación. La recaudación acumulada entre enero y setiembre ascendió a S/121.233 millones y registró un crecimiento de 10,5% respecto a similar período del 2021.

Reacciones

Pedro Francke, exministro de Economía

“Existe un riesgo de que los lobbies e influencias de determinados gremios empresariales impulsen una rebaja de estos impuestos, desfinanciando el presupuesto público y generando déficit fiscal”.

Carlos Casas, exviceministro de Economía

“La discusión depende de qué se valora más. Si es la consistencia del sistema tributario, debería aprobarse la ley, pero si se busca mayor flexibilidad para corregir externalidades, debería continuar en el MEF”.

El camino de una norma que busca usurpar funciones al MEF