Propuestas económicas de Pedro Castillo no son viables en su mayoría

1|Segunda reforma agraria sin presupuesto

La segunda reforma agraria, principal emblema de la actual gestión, apenas apareció en el mensaje a la nación del presidente Castillo a pesar de que citó a la agricultura como una política central de su gestión. Sin embargo, a parte de la elaboración del Padrón de Productores Agrarios, no mencionó ninguna medida concreta a favor del agro para los próximos meses.

Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), señala que una forma de “dar un paso hacia delante” en la segunda reforma agraria hubiese sido que el mandatario hable de un presupuesto destinado a ejecutar la misma.

“Las medidas están ya contenidas en el decreto que aprobó los lineamientos de la reforma agraria, con una serie de acciones que van desde titulación de comunidades, apoyo técnico, industrialización de la agricultura, riego, etc., pero casi no se ha hecho nada”, comenta el representante del Cepes.

Castillo también garantizó la entrega a tiempo de la urea que comprará el Gobierno. Hoy se conocería el proveedor internacional del fertilizante.

2|Primero se tiene que cerrar la brecha en Pensión 65

La gran promesa del presidente llegó de la mano del programa Pensión 65 que pasará a llamarse Pensión del Pueblo e incluirá a adultos mayores desde los 60 años. Además, la subvención subiría de S/250 a S/400 bimensuales.

Patricia Donayre, extitular del Midis, califica a la propuesta como “bastante irresponsable” debido a que, a la fecha, el programa aún no alcanza a todos los potenciales usuarios. “Todavía hay 1.100.000 personas que están esperando ser incorporadas”, comenta. Agrega que actualmente el Midis no cuenta con los recursos suficientes por lo que dependería de un crédito suplementario y del Congreso.

Para Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la ampliación del monto de Pensión 65 “es una necesidad” porque los beneficiarios son personas en condición de vulnerabilidad afectadas por la pandemia y la inflación.

3|Liderazgo para cambio en sistema de pensiones

El jefe del Estado también anunció que en los próximos seis meses la comisión multisectorial creada para evaluar el sistema de pensiones emitirá “un diagnóstico y las propuestas normativas para realizar las modificaciones necesarias a los regímenes previsionales público y privado con el objetivo de mejorar la situación de nuestros adultos mayores”.

Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, indica que el actual equipo de trabajo conformado con este propósito tiene como ventaja el estar integrado por miembros solo del Ejecutivo, lo que les permitiría llegar más rápido a consensos; sin embargo, necesitará de liderazgo político para impulsar la reforma como una propuesta del Ejecutivo hacia el Congreso.

De acuerdo con Bernal, lo primero que debe considerar la reforma al sistema previsional peruano es la ampliación de su nivel de cobertura. “En el actual sistema de pensiones apenas 3 de cada 10 trabajadores están afiliados y aportan para su pensión”, detalla.

Según la especialista, otros factores a tener en cuenta es que “las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones son sumamente bajas”, así como las altas comisiones que cobran las AFP, que pueden llegar hasta el 20% de la pensión.

4|Bono alimentario no está listo para implementarse

La emisión de un bono alimentario para las familias más vulnerables afectadas por el alza de precios fue anunciada en junio. Durante el mensaje a la nación se esperaba más detalle; sin embargo, el presidente solo agregó a lo que ya se conocía que serán 6 millones de hogares los beneficiados.

Para Silvana Vargas, docente PUCP y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, “esta medida ya ha sido aprobada con la modalidad de crédito suplementario, pero aún está pendiente la aprobación por parte de la comisión permanente (del Congreso), es decir, no está listo para su implementación”.

Vargas precisó que el aumento del costo de vida y del precio de la mayoría de productos que conforman la canasta básica no es una noticia reciente, lo que pone en evidencia la falta de capacidad y visión del Gobierno para responder ante un tema que ya estaba anunciado. Recalcó que hablar de un bono alimentario es distinto a lo que se ha hecho antes, pues tiene otros retos, por lo que si no es parte de una estrategia mayor frente a la crisis agroalimentaria, será probablemente un “oneroso intento aislado más”.

Sobre la exoneración del IGV a cinco alimentos que vence este domingo, Vargas señaló que falta evidencia para evaluar si la medida generó beneficios.

5|Es casi imposible que Perú sea miembro de la OCDE al 2026

El Gobierno de Pedro Castillo se ha planteado la meta de que al 2026 el Perú sea miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), proceso que inició en junio de este año.

Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla considera que en 4 años es casi imposible que se logre esta meta. “A Colombia, Chile y México les tomó entre 5 a 8 años, desde el punto de la invitación formal hasta completar todos los requisitos. Entonces cada país tiene sus propios tiempos”, precisó.

El economista apuntó que en el caso de Perú se tiene avanzado el tema de compartir información tributaria sensible, pero no hay un avance en el caso de la meritocracia, transparencia y la formalización, lo que podría ser un gran limitante.

“Por ejemplo, en lo que es la calidad regulatoria, hubo la aprobación de una serie de medidas para mejorarla no solamente del Ejecutivo sino también del Legislativo; se han aprobado las normas, pero no ha habido una aplicación de manera integral en el Estado”, subrayó.

6|No es viable cobrar más de S/30.000 millones en deudas a empresas

Castillo adelantó que su gestión buscará recuperar los más de S/30.000 millones que adeudan las grandes empresas al país. Agregó que durante su gestión se han cobrado S/5.400 millones que son utilizados para financiar obras en educación, salud, agua y saneamiento, que tanto demanda la población.

“No lo veo viable porque muchas de las deudas no están en una etapa de poder ser cobradas. Se han impugnado oportunamente, están en sede judicial y otras están en procedimiento administrativo. En estas instancias, no son materia de cobranza hasta que haya un pronunciamiento formal”, explicó el abogado tributarista Miguel Carrillo. De alguna manera, la propuesta condiciona a los entes administrativos y judiciales a que fallen a favor del Estado ante un anuncio de esta naturaleza, destacó Carrillo.

Además, recordó que las empresas que pagaron el año pasado lo hicieron debido a las condiciones económicas favorables, como el tipo de cambio; sin embargo, “pagaron, pero no han desistido de las impugnaciones”, alertó.