Segunda reforma agraria: ¿en qué consiste y en qué se parece a la de Velasco?

La presentación que hizo el presidente Pedro Castillo de la denominada segunda reforma agraria el pasado domingo 3 de octubre ha generado diversas reacciones en la oposición en el Congreso, así como entre especialistas en el tema agrario.

En una entrevista en Canal N, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Hernando Guerra García, y el parlamentario Carlos Anderson, de la bancada Podemos Perú, coincidieron en que la iniciativa presentada en Cusco por el Gobierno no sería una reforma como tal, sino un conjunto de medidas que ya se vienen implementando.

En esa misma línea, Fernando Cillóniz, el excandidato presidencial y exgobernador regional de Ica, opinó en una entrevista con el programa de TV Agenda Política que la denominación de segunda reforma agraria “no refleja lo que han propuesto”, ya que se trata “de actividades y programas, algunos plausibles, correctos e importantes, otros no tanto, pero que ya son inherentes al Ministerio de Agricultura”.

La reforma agraria de Castillo

El lanzamiento oficial de la segunda reforma agraria tuvo lugar en la explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán. La presentación la hizo el presidente Pedro Castillo, quien estuvo acompañado por la primera dama, Lilia Paredes, y una comitiva de ministros de Estado encabezada por el entonces jefe del Gabinete, Guido Bellido.

En su discurso, el mandatario señaló que esta reforma busca hacer “justicia” con los más de dos millones de pequeños agricultores que hay en el país. También remarcó que no se pretende expropiar tierras ni afectar el derecho de propiedad de nadie.

Según explicó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita Frisancho, esta segunda reforma agraria se sustenta en nueve ejes de trabajo vinculados al fortalecimiento de la agricultura familiar y la asociatividad.

El ministro recordó que la primera reforma agraria, emprendida durante el gobierno de facto del general Juan Velasco Alvarado, consideraba tres etapas: entregar las tierras al campesino, capacitarlos y tecnificar el agro. Sin embargo, explicó Maita, la tercera fase se frustró, por lo que ahora se busca retomar ese punto “fortaleciendo la asociatividad, las cooperativas agrarias y la industrialización”.

Entre las medidas expuestas están la creación de un gabinete para el desarrollo del agro, compras públicas de alimentos de la agricultura familiar y la construcción de mercados de productores en todas las provincias del país. Asimismo, la reforma contempla crear una franja de precios para proteger la producción nacional, crear una planta de fertilizantes en la localidad Bayóvar (Sechura, Piura), emprender políticas para el cuidado del agua y crear un fondo para la mujer rural.

Entre la politización y los beneficios

El director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Laureano del Castillo, manifestó a PerúCheck que, en su opinión, denominar segunda reforma agraria al conjunto de medidas anunciadas el domingo “no es lo más adecuado”, aunque añadió que se trata de una decisión “eminentemente política”.

El también abogado especialista en legislación agraria apuntó que denominar este proceso como Segunda Reforma Agraria “intenta empalmar” con la realizada durante el gobierno de Velasco, “pero sin tener la característica transformadora que tienen las reformas agrarias”.

Respecto a los ejes de la iniciativa del Ejecutivo, señaló que “son medidas necesarias”, pero que hay temas que permanecen ausentes. Resaltó la formación del gabinete de desarrollo agrario y rural, puesto que “es un grave error” responder a los problemas de la agricultura únicamente desde el ministerio.

Según refirió, la agricultura y el mundo rural no pasa solo por la “producción o productividad, tienen que ver también con la viabilidad, porque si no hay buenas carreteras no se puede sacar la producción o traer de forma económica los insumos que se necesitan”. Asimismo, señaló que son necesarios un sistema educativo y de salud de calidad, pues “sin estos servicios difícilmente se puede lograr un desarrollo agrícola”.

Del Castillo comentó, además, que algunas medidas no tienen un planteamiento concreto, como el fondo para la mujer rural. Asimismo, indicó que no se hizo mayor énfasis en la asociatividad dentro de las comunidades campesinas y nativas. Esto se debería a que no se considera que las comunidades campesinas y nativas “están integradas al mercado”. “Se olvidan que también son actores económicos”, remarcó.

Finalmente, anotó la ausencia de acciones relacionadas al cambio climático, como las medidas para mitigar para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y, complementariamente, “todo lo que tiene que ver con la atención a los riesgos de desastre”.

La reforma en la selva

Por su parte, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Jorge Pérez, refirió a este medio que, como organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, están esperando “el proceso de implementación de cada una de las líneas de acción que ha planteado el Gobierno”.

Manifestó que debe tenerse en cuenta que la reforma agraria en la selva peruana “debe tener un matiz distinto a la reforma agraria en la sierra y en la costa”. “Nosotros no estamos en la dirección de abrir grandes extensiones de cultivos, llevando abajo los bosques”, acotó. En ese sentido, dijo que están preparando una propuesta para entregar al Gobierno y que “en función de esta se pueda actuar en la Amazonía”.

Reforma agraria de Velasco

Hace 52 años, el general Juan Velasco Alvarado impulsó una reforma agraria en el Perú, que es considerada, según el politólogo Walter Olivari en su artículo “El problema de la tierra. El caso peruano”, “una de las más radicales de América del Sur”.

El 24 de junio de 1969, fecha en la que en ese entonces se conmemoraba el Día del Indio —en la actualidad, Día del Campesino—, el gobierno de facto de Velasco emitió el Decreto Ley N° 17716, que promulgó la reforma agraria en el Perú y que tenía entre sus objetivos principales, como refiere Oliveri, “la eliminación del latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de tenencia de la tierra”.

Además, planteaba “el establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, de base campesina”, “el establecimiento de una agricultura organizada a base del esfuerzo asociativo de los agricultores” y “la creación de nuevos mercados a través de una justa distribución del ingreso que incremente el poder adquisitivo de la población marginada”.

El sociólogo Fernando Eguren, en su artículo “Reforma agraria y desarrollo rural en el Perú”, señaló que “a pesar de los distintos esfuerzos del gobierno militar por llevar a cabo la reforma, esta no se dio de la misma manera y en igual medida en todas las zonas rurales del país”.

De acuerdo al también investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales, “la reforma agraria se ejecutó sobre todo en la costa y en la sierra del país, las dos regiones con mayor población rural y mayores áreas de uso agropecuario”. “Entre junio de 1969 y junio de 1979 se expropiaron 15.826 fundos y más de 9 millones de hectáreas. La mayor parte de esta área fue adjudicada a 370 mil beneficiarios”, indica.

A partir de estas características, el académico sostiene que “la reforma agraria es aún un tema controvertido, pues muchas de las personas que se beneficiaron, así como de las que resultaron perjudicadas, todavía están activas”.

Las críticas hacia esta política de Estado apuntan a la descapitalización del agro, a partir de la que se perdió parte de la infraestructura, de la maquinaria y del conocimiento empresarial acumulado; a que la agricultura y la ganadería retrocedieron desde el punto de vista técnico; y a que no se resolvió el problema de la pobreza rural.

Según Eguren, si bien esos argumentos no son rechazados por los defensores de la reforma agraria, estos dan prioridad a otros logros, como que la reforma “fue un acto de justicia redistributiva, que permitió el acceso directo a la tierra a un gran número de pobres rurales” y que “desplazó de la sociedad rural a los terratenientes tradicionales, eje del poder ‘gamonal’ y sustento de un orden semifeudal reaccionario y antimoderno”.

En ese contexto, el sociólogo plantea que la reforma agraria de 1969 “dio un golpe definitivo a las relaciones serviles a las que estaban sometidos centenares de miles de campesinos” y que además “contribuyó a democratizar la sociedad rural, e hizo así posible la incorporación de millones de peruanos a la colectividad política y a la condición ciudadana”.

Conclusión

La segunda reforma agraria se sustenta en nueve ejes principales: la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural, la compra pública de alimentos, el cuidado del agua, la asociatividad y cooperativismo, crédito para agricultores, entre otros.

De acuerdo al especialista consultado, Laureano del Castillo, hay propuestas necesarias dentro de esta política agraria. Sin embargo, señaló que existen políticas ausentes en esta iniciativa el Gobierno, como medidas más concretas para el fondo de la mujer rural, la formalización de la propiedad y lo relacionado al cambio climático.

Asimismo, atribuyó que hay una finalidad política en la denominación de segunda reforma agraria, en la medida que busca emular la reforma emprendida durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Esta, apuntó Del Castillo, tenía otro trasfondo y, en principio, “perseguía una modificación estructural de la vida de los campesinos”, más allá de sus resultados.

Explicador elaborado por Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.