Fiscalizarán delivery pero exigen atender problema de fondo

El último domingo se supo que 18 de 47 repartidores de aplicaciones como Rappi y Glovo dieron positivo a una prueba rápida de Covid-19, según informó la Municipalidad de Miraflores, quien, junto a la Policía Nacional, realizó un operativo dirigido a este rubro.

Por su parte, el Indecopi anunció que se unirá a la supervisión y fiscalización a los servicios de delivery por aplicativo, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Gobierno.

En paralelo, el organismo señaló que viene realizando coordinaciones con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de la Producción (Produce), para cubrir los vacíos legales que existieran en los protocolos de los aplicativos por delivery.

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Esto último también fue solicitado por Luis Molina, alcalde de la comuna miraflorina, quien afirmó que si el Gobierno no soluciona estas irregularidades, emitirá un decreto de alcaldía que prohíba el delivery si es que las empresas no aplican pruebas a sus motorizados.

A Miraflores se le podrían sumar otros municipios, según supo este medio.

Problema de fondo

Sin embargo, las autoridades y los propios motorizados consideran que no se está mirando el panorama completo respecto a estos servicios.

Para Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), este enfoque prohibitivo del municipio de Miraflores no resuelve el problema medular.

En tal sentido, sostiene que los servicios de delivery por aplicativo no tienen un marco normativo.

“Es necesario que haya un marco legal —un municipio no puede regular, lo debería hacer el Congreso— y se obligue a que estas empresas adquieran responsabilidad con relación a las personas que se inscriben en sus plataformas”, expresó.

Sobre si esta propuesta podría aplicarse a otros distritos, Paz de la Barra mencionó que aún no se ha reunido con el consejo directivo, secretarios regionales y los presidentes de las mancomunidades de Lima.

Asimismo, La República contactó a los repartidores, quienes mencionaron que los entes competentes del Ejecutivo deberían establecer una regulación, además de coordinar mejor estas intervenciones junto a estas empresas, ya que perjudican su trabajo.

“Si paras, la aplicación te bloquea momentáneamente, y en ese margen de una hora que dura este operativo, pierdes pedidos, es decir, perdemos de S/ 7 a S/ 10”, manifiestan.

Demandan, además, que el costo de estas pruebas sea asumido por las propias plataformas.

El dato

Pruebas. Varios intervenidos dijeron que nunca se les había hecho la prueba rápida y que esta era la primera vez.

Universo. En el país hay cerca de 20.000 repartidores, según la socióloga y experta en el rubro Alejandra Dinegro.