Acuerdo de Escazú: Citarán a ministra del Ambiente y ministro de Relaciones Exteriores al Congreso para este viernes
El Congreso tendría hasta el 26 de setiembre para ratificar el Acuerdo que ya había sido firmado por el gobierno peruano en el 2018, pero que ahora el canciller Mario López señala que se debe seguir analizado.
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Contradicción. Cuando en 2018, la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, firmó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú), el gobierno tildó el hecho de “histórico”. Dos años después, el mismo Ejecutivo buscaría trabar la vigencia del tratado.
Los pronunciamientos en contra de este Acuerdo - ratificado a la fecha por 9 países - se han hecho más visibles en los últimos días. El viernes 17 de julio, mediante un comunicado, los principales gremios empresariales - Confiep, Sociedad Nacional de Industrias, Adex, entre otros - se opusieron al tratado señalando que “puede atentar contra la soberanía del país al tener que llevar discusiones que se deben resolver en el ámbito local, a instancias internacionales”.
Fabiola Muñoz, entonces ministra del Ambiente, firmando el Acuerdo de Escazú en 2018. Otros 22 países también lo firmaron y 9 lo ratificaron.
Mientras que el Canciller, Mario Lopez, indicó que el Acuerdo aun no debería ser ratificado pues no existiría consenso. “Genera una obligación internacional para el Estado peruano específicamente en materia de defensores de derechos humanos, por lo que estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento”, anotó.
Mientras que el Canciller, Mario López, indicó que el Acuerdo aun no debería ser ratificado pues no existiría consenso. “Genera una obligación internacional para el Estado peruano específicamente en materia de defensores de derechos humanos, por lo que estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento, anotó.
El Acuerdo deberá ser ratificado por 11 países para entrar en vigencia. Perú podría ser el décimo sin embargo hay posibilidades de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso - a cargo del dictamen que permitiría la ratificación del tratado - archive el debate, según pudo conocer este diario.
Frente a ello, la Comisión de Pueblos Indígenas solicitará este lunes ser la segunda comisión dictaminadora. Asimismo, fuentes ligadas al Congreso confirmaron que el viernes dicha comisión realizaría una sesión extraordinaria. “Se va a citar, para este viernes, a los ministros del Ambiente y Relaciones Exteriores, así como a las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente, al Defensor del Pueblo, AIDESEP, entre otras organizaciones, para escuchar sus posiciones, porque preocupa la contradicción en el Ejecutivo”, dijo a este diario Lenin Bazán, presidente de la comisión de Pueblos Indígenas.
“Hoy se ha sido enviado el oficio para que la comisión de Pueblos Indígenas sea la segunda comisión dictaminadora, porque nosotros vemos los temas ambientales y la defensa de los derechos de líderes ambientales. En nuestra comisión ha sido invitada la ex ministra Fabiola Muñoz, y ella nos exhortaba a que aprobemos el Acuerdo, pero ahora la Cancillería se opone”, agregó Bazán.
Hasta el momento, la ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, no se ha pronunciado sobre el tema. En tanto, el 26 de setiembre vence el plazo para que el Perú ratifique el acuerdo.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El tratado busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Para Bazán, la oposición de los empresarios “es la misma desde hace varios años”: temor a que puedan perder sus inversiones pues a través de este acuerdo se busca transparencia, mayor participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, que implica que un organismo internacional los observe “no les conviene”.
Dicha opinión es compartida por el internacionalista y docente de la PUCP, Óscar Vidarte, quien indicó que el país debería ratificar el Acuerdo, pues mientras más actores participen y sean consultados sobre asuntos ambientales se toman mejores decisiones. “Para el empresariado la apuesta es reactivar por reactivar, aunque en el fondo me parece que lo que les molesta es que el Acuerdo empodera a los ambientalistas, y es que algunos de ellos se han vuelto el cuco del sector privado, y a veces tienen razón, pero hay demandas que terminan siendo muy legítimas. Cualquier proceso de empoderamiento es visto como un retroceso para sus intereses, si a eso le sumas que el Tratado tiene enfoque de género e interculturalidad”, anotó.
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