Colombia a un paso de aprobar ley que regula pago de facturas en plazo no mayor a 60 días

Colombia se acerca a la lista de países que han regulado los plazos de pagos a proveedores, que en casos no aislados, exceden más de los 90 o 180 días, lo que afecta severamente los márgenes de rentabilidad y la liquidez de las empresas, habitualmente pequeñas y medianas, equivalentes a más del 90% del sector productivo.

El país cafetero seguiría los pasos de Chile, España, Australia y Reino Unido, tras aprobarse la semana pasada en la Comisión Tercera de Senado, el proyecto de pago a plazos justos, el cual busca que las facturas sean pagadas en un tiempo no mayor a 60 días.

Solo falta su paso por la plenaria del Senado, la conciliación de esa corporación con la Cámara de Representantes y la promulgación respectiva del presidente Iván Duque.

''(Ha sido) un camino tortuoso, un proceso muy difícil, lleno de palos en la rueda y lobby como nunca había visto en el Congreso por parte de quienes se oponen”, resaltó a Forbes Mauricio Toro, representante a la Cámara por Bogotá (Alianza Verde) y autor de la iniciativa, respaldada por más de 20 gremios y contrariada por la ANDI y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), entidades de gran calibre.

Fenalco, por ejemplo, señala que se debe reconocer la libre autonomía privada, dando prevalencia a los acuerdos entre las partes, en la relación entre medianas y grandes empresas “y permitir una flexibilidad para que puedan fijar los plazos máximos de pago libremente, de acuerdo con las características de los bienes y servicios que comercializan”.

Mientras que en la La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), hay preocupación de que el Estado intervenga en acuerdos privados y que sea “un incentivo a importaciones consiguiendo proveedores en otros países”.

“El 28% de las empresas que experimentan retrasos en los pagos, lo consideran como un obstáculo para su crecimiento y se ven incapaces de contratar nuevo personal porque sus clientes no les pagan a tiempo”, detalla la OCDE, en relación a la evidencia de que el retraso o falta de pago perjudica a las pymes.

Por su parte, el legislador Mauricio Toro precisa que esta ley permitirá ''tener dinero disponible en caja, se puede generar innovación más rápido, se tendrán mejores empleos y mejores pagos, se podrá producir con mejor calidad. Nuestras empresas serán más competitivas y productivas, incidiendo incluso en el precio final del consumidor porque si no te tienes que endeudar con un banco, se podría trasladar el precio al consumidor final”.

Asimismo, acotó que en lo que va el proyecto, el pago de facturas será de 60 días en el primer año de entrada en vigencia y desde el segundo, de 45.

El Gobierno colombiano también estaría obligado a pagar las facturas en esos plazos, siempre y cuando las entidades tengan la disponibilidad en sus Programas Anuales Mensualizados de Caja (PAC) y la fiscalización quedaría a cargo de la Superintendencia de Sociedades y no de la Superintendencia de Industria y Comercio

Finalmente, Toro concluyó que esta ley busca parar la posición dominante de algunos agentes para imponer sus condiciones.

Fuente: Forbes