Caso Camila: alertan que el Estado aún no cumple medidas de reparación ordenadas por la ONU

Más de dos años después de que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU) concluyera que el Estado peruano vulneró los derechos de Camila, una niña víctima de violencia sexual, las principales medidas de reparación siguen sin ejecutarse, según advirtieron organizaciones de derechos humanos.

Para Promsex y Amnistía Internacional, esta situación refleja una deuda persistente del Estado no solo con Camila, sino con miles de niñas que continúan enfrentando agresiones y barreras para acceder a servicios de salud, protección y justicia.

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Preocupantes cifras de violencia

De acuerdo con datos de Centros de Emergencia Mujer, entre enero y abril de 2026 se registraron 2.427 casos de violación sexual contra niñas en el país, lo que equivale a una víctima cada 71 minutos. A ello se suma que, en 2025, 993 niñas de 14 años o menos fueron obligadas a continuar embarazos producto de violencia sexual, mientras que entre enero y junio de 2026 ya se reportan 923 casos de niñas madres en el Registro de Nacidos Vivos.

Las organizaciones también advierten que persisten restricciones en el acceso al aborto terapéutico, incluso en casos donde la vida o la salud de las niñas está en riesgo, pese a que este procedimiento está reconocido en la normativa peruana.

En este contexto, ambas instituciones lanzaron la campaña 'Camila y la deuda del Estado con las niñas', que busca visibilizar el incumplimiento de las medidas ordenadas por la ONU y exigir acciones concretas de reparación y prevención.

“Camila representa a miles de niñas que siguen esperando que el Estado las proteja de manera efectiva. Mientras las medidas ordenadas por Naciones Unidas permanezcan incumplidas, esa deuda seguirá vigente”, señaló Rossina Guerrero, directora ejecutiva de Promsex.

El caso Camila

En 2007, Camila, una niña indígena de 13 años, quedó embarazada tras ser víctima de violencia sexual por parte de su padre. Su madre solicitó un aborto terapéutico debido al riesgo para su salud, pero este fue negado por el sistema de salud, que tampoco brindó información adecuada.

Posteriormente, Camila sufrió un aborto espontáneo y fue investigada penalmente por presunto autoaborto.

En agosto de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU concluyó que el Estado peruano incumplió su deber de protección, negó acceso oportuno a servicios de salud y sometió a la víctima a procesos que agravaron el daño.

El Comité ordenó una reparación integral y la implementación de medidas estructurales, incluida la revisión del marco normativo para garantizar derechos en casos de embarazo infantil producto de violencia sexual.

Reparaciones pendientes

Sin embargo, las medidas continúan sin implementarse plenamente. Entre ellas figuran la reparación integral a Camila, protocolos para evitar la revictimización, mejoras en el acceso efectivo al aborto terapéutico y políticas públicas con enfoque de niñez, género e interculturalidad.

“Cumplir con el dictamen no solo significa hacer justicia en un caso individual, sino evitar que estas vulneraciones se repitan”, indicó Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional en Perú.