“El Estado llega cuando ya nos mataron”: el calvario que viven líderes indígenas por defender nuestra tierra

"No tienes paz. No tienes tranquilidad". La frase de Kelly Valera, lideresa de la Guardia Indígena Amazónica del Perú, resume una realidad que atraviesa hoy a cientos de defensores ambientales e indígenas en el país: vivir bajo amenaza constante por proteger sus territorios.

En comunidades amazónicas y andinas, defender el agua, el bosque o la tierra ya no implica únicamente enfrentar contaminación o proyectos extractivos. También significa convivir con denuncias judiciales, campañas de desprestigio, vigilancia, hostigamiento y miedo permanente.

Mientras en Lima el debate sobre transición energética y desarrollo económico avanza desde despachos y foros políticos, en territorios indígenas la presión sobre los recursos naturales se traduce en amenazas directas contra quienes cuestionan proyectos mineros, petroleros, forestales o economías ilegales.

Según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre 2000 y 2024 se registraron 733 casos de criminalización contra defensores ambientales, indígenas y de derechos humanos en el Perú. De ellos, 370 afectaron a defensores ambientales y 293 a líderes indígenas.

La situación ocurre, además, en un contexto regional alarmante. De acuerdo con Global Witness, América Latina concentró el 82% de asesinatos de defensores ambientales registrados en el mundo durante 2024.

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"No sabemos en qué momento nos pueden silenciar"

Valera participó en Lima en el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente, realizado junto a representantes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile.

La defensora explicó que muchas comunidades han optado por crear mecanismos propios de protección debido a la ausencia estatal. "La guardia indígena nace porque ya no esperábamos más. Tuvimos que organizarnos para autoprotegernos y cuidar nuestro territorio", señaló.

La lideresa describe una vida marcada por la incertidumbre. "Siempre tenemos que estar cuidándonos. No sabemos en qué momento nos pueden silenciar", advirtió. Las amenazas, explica, provienen principalmente de la tala ilegal, el narcotráfico y la minería ilegal, actividades que avanzan sobre territorios indígenas amazónicos. "Ellos no depredan una parte. Depredan hectáreas enteras", sostuvo.

Criminalización como castigo cotidiano

Para Yuvelis Morales, activista colombiana y ganadora del Premio Goldman, la criminalización se ha convertido en uno de los principales mecanismos para neutralizar liderazgos ambientales en América Latina.

"Empiezan con señalamientos, campañas de desprestigio y luego terminan vinculando a los defensores con actores armados o acusándolos de ser antidesarrollo", explicó. Morales sostuvo que actualmente existe una "economía política de la violencia" donde empresas, actores armados, economías ilegales y estructuras estatales terminan confluyendo alrededor del control de recursos naturales.

Ella señaló que las consecuencias no son únicamente judiciales. "Muchos defensores tienen que abandonar sus territorios. Otros viven esperando si serán encarcelados o condenados injustamente. Las familias también sufren", indicó.

En Perú, organizaciones indígenas y de derechos humanos alertan que el hostigamiento judicial viene creciendo de forma paralela al avance de conflictos ambientales y economías ilegales.

Jamner Manihuari, líder indígena amazónico y vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostuvo que la minería, "más que mejorar la calidad de vida, lo que genera es más pérdidas de vida".

Manihuari indicó que, en lugares presionados por la actividad minera, se impulsa la idea de que traerá desarrollo, pero genera contaminación y destrucción del territorio. Además, afirmó que "el Estado conoce lo que ocurre, pero que no actúa".

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El costo invisible: hijos discriminados y líderes agotados

En Cotabambas, Apurímac, la criminalización también ha dejado impactos cotidianos.

Roberto Abarca, dirigente entrevistado durante el encuentro, relató cómo años de conflicto alrededor del corredor minero han afectado no solo a líderes comunales, sino también a sus familias. "Hemos sido casi vetados en el trabajo. Nuestros hijos también han sufrido discriminación", denunció.

El dirigente aseguró que la situación genera temor entre las nuevas generaciones. "¿Qué joven va a querer asumir liderazgo si después lo denuncian, lo encarcelan o lo amenazan?", cuestionó.

En la provincia, las comunidades denuncian impactos constantes por el paso diario de cientos de camiones mineros. "Humo, polvo y vibraciones afectan la salud de niños y adultos mayores", explicó.

Por su parte, Marcela González, vocera de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas, denunció: “Hay hermanos que no pueden salir a trabajar libremente porque están buscados o investigados por la justicia”.

La lideresa manifestó que las autoridades priorizan proyectos pero dejan desprotegida a la población: “El Estado, así como ha dado las concesiones mineras, también debería cuidarnos”.

Por último, hizo énfasis en el dolor que viven: “Tenemos hijos que no pueden crecer. Estamos designados a morir lentamente. Después de las elecciones se olvidan de nosotros”.

El Estado llega tarde

Aunque en 2021 el Estado peruano creó el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, organizaciones consideran que su alcance sigue siendo insuficiente.

Datos recogidos por organizaciones amazónicas señalan que entre 2021 y agosto de 2025 solo 10 de 36 defensores amazónicos que solicitaron medidas de protección lograron acceder a ellas.

Mientras tanto, al menos 35 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados en Perú desde 2020, principalmente en contextos vinculados a tala ilegal, narcotráfico y minería ilegal.

Según el Ministerio de Justicia (Minjusdh), más del 70% de situaciones de riesgo registradas contra defensores están relacionadas con economías ilegales. Las regiones más afectadas son Ucayali, Loreto, Madre de Dios y San Martín.

Comunidades que resisten

Pese al escenario, comunidades indígenas continúan organizándose. En Junín, las 45 comunidades asháninkas agrupadas en la Central Asháninka del Río Ene (CARE) lograron que el Congreso retirara el Proyecto de Ley N.° 14442/2025-CR, que buscaba declarar de interés nacional la hidroeléctrica Pakitzapango.

Según CARE, el proyecto habría inundado aproximadamente 73 mil hectáreas en la cuenca del Ene, incluyendo más de 45 mil hectáreas de territorios comunales indígenas. Sin embargo, organizaciones advierten que otras iniciativas similares continúan activas.

La situación permanece crítica en la Amazonía. En Ucayali, la comunidad nativa Pano Arawak enfrenta actualmente denuncias penales y un proceso impulsado por una empresa maderera que busca anular su reconocimiento oficial como pueblo indígena.

"Nosotros no queremos otro Saweto", afirmó el dirigente indígena Gino Machay, en referencia al asesinato de cuatro líderes ashéninkas ocurrido en 2014 tras denunciar tala ilegal.

"Defender el territorio no es un delito"

Durante el encuentro internacional, defensores insistieron en que proteger el ambiente y el territorio no debería implicar persecución. "Quienes realmente defienden el país son quienes protegen el agua, los bosques y la vida", sostuvo Valera.

Las organizaciones participantes pidieron fortalecer los mecanismos de protección, frenar la criminalización y garantizar presencia efectiva del Estado en territorios indígenas y rurales.

Mientras tanto, en muchas comunidades, la vigilancia y el miedo continúan siendo parte de la rutina diaria. "No queremos que nos sigan criminalizando", dijo Valera. "Queremos que reconozcan nuestro trabajo".

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