
La Marina de Guerra del Perú advirtió que los locales para conciertos Arena 1 y Costa 21, ubicados en la Costa Verde de San Miguel, representarían un riesgo para la seguridad de los asistentes debido a las condiciones del terreno donde fueron construidos. Según voceros de la institución, ambos espacios operan sobre áreas ganadas al mar mediante rellenos, situación que generaría vulnerabilidad ante sismos y otras emergencias.
El capitán de navío Amílcar Velásquez, capitán del Puerto del Callao, indicó en una entrevista con Agencia Andina que informes técnicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) concluyen que estos terrenos no serían adecuados para albergar estructuras destinadas a eventos masivos. Además, alertó que las vías de evacuación existentes resultarían insuficientes en caso de una emergencia durante un concierto.
De acuerdo con la entidad, uno de los principales peligros está relacionado con la inestabilidad del suelo y el desgaste de las estructuras metálicas expuestas al ambiente marino. Velásquez señaló que la corrosión podría afectar techos y otros elementos instalados en estos espacios, incrementando el riesgo de accidentes durante eventos de gran concurrencia.
También sostuvo que la zona presenta serias limitaciones para evacuar a miles de personas en caso de sismo, maremoto o cualquier incidente. Según explicó, actualmente solo existen dos puentes de salida, lo que podría ocasionar caos y aglomeraciones. Incluso recordó que, durante un evento realizado en 2023, algunos asistentes tuvieron que retirarse por los acantilados debido a la congestión registrada en el lugar.
En 2019, la Marina de Guerra del Perú otorgó a la Municipalidad de San Miguel una concesión de más de 530 mil metros cuadrados en la Costa Verde para la ejecución de obras públicas y espacios recreativos, como ciclovías, áreas verdes y zonas comunes. Sin embargo, la institución señaló que posteriormente estos terrenos fueron utilizados para la instalación de locales privados destinados a conciertos y espectáculos, lo que incumpliría las condiciones establecidas en el acuerdo original.
Tres años después, en 2022, la Marina de Guerra del Perú retiró la concesión otorgada a la Municipalidad de San Miguel y presentó denuncias ante distintas entidades, entre ellas la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, solicitó la intervención de Indecopi para evaluar la protección de los asistentes a estos eventos, debido a los riesgos advertidos en informes técnicos y reportes de Defensa Civil.





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