
Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la deportista y campeona nacional Lizeth Marzano el 17 de febrero en San Isidro, fue trasladado a la dependencia del Poder Judicial ubicada en la avenida Iquitos, a la espera de que la junta clasificatoria del INPE lo derive a un penal de la capital, donde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva que determinó el juez Adolfo Farfán Calderón, del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.
Villar salió de la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la PNP en La Victoria al rededor de las 9:40 a.m. resguardado por un fuerte control policial. El acusado enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.
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Adrian Villar fue trasladado a la sede policial de la avenida Iquitos. Foto: Carlos Felix / La República
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El pasado 4 de marzo, el Poder Judicial desestimó el pedido de la defensa de Villar Chirinos para seguir el proceso en libertad. El juez fundamentó su decisión en la existencia de peligro de fuga, la posibilidad de que enfrente una condena superior a cinco años de prisión y la falta de arraigo laboral y familiar, lo que podría dificultar que permanezca en el país durante el curso de la investigación. Además, señaló que la familia del investigado habría intentado obstaculizar la labor de la justicia tras conocerse el caso.
El día previo, el Ministerio Público había respaldado su pedido de prisión preventiva argumentando la existencia de riesgo procesal. La Fiscalía señaló que, tras revisar el teléfono de Villar, solo se encontraron registros de comunicaciones a partir de dos horas después del accidente, un hallazgo que no coincide con el historial telefónico del padre de su expareja Francesca Montenegro, Juan Montenegro Bacigalupo.
Según detallaron, la comunicación telefónica habría ocurrido a las 00:58 a.m. del 18 de febrero, pero no aparece registrada en el celular incautado a Villar, lo que sindican como una posible manipulación del dispositivo y un intento de entorpecer la investigación. “Podría seguir haciéndolo”, señaló la representante del ministerio durante la audiencia.
Sus padres se acercaron en horas de la mañana a la sede policial de la Divpiat. Foto: Carlos Felix / La República
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