
El lunes 3 de noviembre el suboficial de la Policía Nacional, Abel Atayauri Chávez, integrante de la comisaria San Rafael fue herido de bala por sujetos armados tras enfrentamiento entre dos concesionarias de empresas mineras inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en Huánuco.
Tras la alerta e intervención de agentes especializados de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la PNP, las víctimas fueron liberadas. Sin embargo, Atayauri Chávez resultó con lesiones por arma de fuego a la altura del pecho, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Hermilio Valdizán.
Tras los exámenes correspondientes, los médicos del nosocomio indicaron a los familiares del suboficial que este debe ser trasladado a Lima para que se le extraiga la bala del cuerpo, ya que en el establecimiento de salud donde se encuentra no lo pueden operar. "El mismo doctor está solicitando el traslado", expresó su pariente a La República.
Pilar Atayauri Gómez, prima del agente, contó a este medio que se sienten abandonados por la Policía, ya que están pidiendo comunicarse con los altos mandos para que se agilice los trámites documentarios para evacuar al suboficial a Lima vía área. "Mi primo tiene el proyectil en el pecho, cada día tiene más dificultades en su salud", sentenció.
"La Policía debe hacer los documentos, ellos dicen que lo han hecho, pero ahora nos meten trabas de que Saludpol no compran los pasajes. Solo es para él (suboficial) que tiene que viajar... Lo han dejado abandonado acá en el hospital", exclamó su familiar.
Allegados a Abel Atayauri exigen al Ministerio del Interior que se pronuncien para trasladar al suboficial a un establecimiento médico adecuado para su intervención quirúrgica. "No es algo leve, tiene un proyectil en el pecho. Nadie se ha acercado, ni el coronel ni el general. Nadie... Es la salud de mi familiar, no estamos hablando de un animal", comentó afectada la pariente del suboficial.
De acuerdo con medios locales, la disputa de las tierras se habría desatado por el enfrentamiento de las concesionarias mineras de Raíces de Ñausacocha y Clara Katherine Fernández, inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Fuentes cercanas comentaron a La República que estas dos empresas presentan conflictos territoriales en Ticlacayán, una zona de extracción minera informal desde hace meses.
Esta información fue confirmada por el general PNP Eloy Lara Bendezú, quien dijo que las dos concesionarias quieren sobreponer su poder por medio de "actos vandálicos", ya que actúan con armas de fuego. Asimismo, no descartó que se esté contratando a mineros informales para los atentados. En tanto, se descartó que haya un fallecido y que la zona haya sido tomada.
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