
Trabajar en el sector público en Perú representa una gran oportunidad para millones de trabajadores. Para ello, se requiere que los postulantes demuestren su idoneidad para la vacante laboral a la que aspiran. Sin embargo, existe la posibilidad de que no sean completamente transparentes con tal de asegurar su contratación.
El proceso de selección solicita a los aspirantes que presenten una serie de documentos y acrediten su experiencia, con el objetivo de evaluar sus aptitudes. En este contexto, la legislación peruana contempla sanciones para quienes intenten alterar su perfil de forma fraudulenta para ingresar a la administración pública.
El personal administrativo de la convocatoria de la entidad pública puede declarar nula la postulación del aspirante si detecta la falsificación de documentos solicitados. El marco legal peruano contempla otras acciones al respecto. "Haya procedido a la falsificación de documentos y que haya habido una conectividad con otros delitos, por ejemplo, violencia. Todo eso tiene que ser demostrado dentro de las investigaciones correspondientes", señaló Erick Cuba Meneses, docente de la Universidad Científica del Sur, en una entrevista para La República.
El artículo N° 427 del Código Penal peruano establece que la falsificación de documentos se castiga con pena privativa de libertad entre dos y diez años. No obstante, el abogado en derecho administrativo explicó que el juez puede determinar cárcel suspendida, es decir, que no entraría inmediatamente en prisión. En este caso, se aplican ciertas restricciones de libertad.
Por ejemplo, uno de los requisitos para algunos puestos en el sector público puede ser la ausencia de antecedentes penales. Por este motivo, es posible que se intente esconder este dato para lograr la vacante. "Algunas entidades tienen como requisitos que no hayan cometido delitos contra la institución pública. Entonces, esas personas quedan desterradas de la administración pública", expuso el experto.
Cuba Meneses subrayó que el trabajador de una entidad pública en Perú que falsificó documentos para ingresar a su vacante deberá ser destituido de forma inmediata. "Implicaría, de repente, la cancelación del contrato, porque habría cometido una falta como funcionario y servidor público", sostuvo el abogado.
Por otro lado, la legislación peruana contempla medidas contra los trabajadores del sector público que faciliten el acceso a una vacante dentro de su institución mediante documentación falsa. "También está cometiendo tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsedad ideológica, porque hay un delito que involucra a varias personas", aseguró.
El especialista aclaró que las procuradurías públicas realizan la investigación correspondiente para determinar si el aspirante entrega información falsa o incompleta. Si se determina que la persona cometió el delito de falsificación de documentos, se envía el caso a la Fiscalía de la Nación. Así, se acusa al responsable ante un juez penal.
Dicho esto, la autoridad judicial estudia la magnitud e incluso la intencionalidad del postulante a la hora de incurrir en el delito durante la convocatoria pública. "Hay que recordar que la mayoría de los postulantes puede hacer una verificación en la plataforma que tiene ya el Ministerio de trabajo, donde están en todos los antecedentes", agregó Cuba Meneses.
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