Sueldo público creció 66% en la última década y supera al privado en 27%

Hasta hace poco más de una década, trabajar en el sector privado formal solía ser más rentable que hacerlo para el Estado. Sin embargo, esa relación cambió de dirección. Hoy, el sector público no solo paga más, sino que sus remuneraciones han crecido más del doble que las del privado en los últimos años.

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), entre 2011 y 2022 la remuneración promedio del sector público aumentó 66%, mientras que la del privado lo hizo solo en 27%. 

Esta diferencia ha terminado por invertir la brecha: en julio de 2025, el salario promedio estatal alcanzó S/4.941, superando al del sector privado formal, de S/4.745, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Sunat.

En los últimos 14 meses, los sueldos públicos han sido, en promedio, 27% mayores que los privados formales. A comienzos de la década pasada, en cambio, representaban un 6% menos.

Educación y salud, los motores del incremento

De acuerdo con ComexPerú, el crecimiento del gasto estatal en planillas explica buena parte de este cambio, siendo el Ministerio de Educación su principal impulsor. Y es que el gasto en remuneraciones pasó de S/10.287 millones en 2013 a S/25.656 millones en 2023, lo que representa un salto del 149%. En ese mismo periodo, el salario base docente aumentó 99%, de S/1.555 a S/3.100, según cifras oficiales.

Actualmente, Educación es el sector con mayor presupuesto para sueldos: S/31.098 millones, más de la mitad de su presupuesto total. Este esfuerzo busca mejorar la calidad educativa y reducir la rotación docente, pero también ha elevado considerablemente el tamaño de la planilla pública.

El sector Salud sigue una tendencia similar. Entre 2013 y 2024, su presupuesto para planillas pasó de S/4.043 millones a S/15.952 millones, un incremento de 295%, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según el Ministerio de Salud (Minsa), la remuneración de los médicos aumentó 61%, mientras que la de los profesionales no médicos subió 138%.

El abogado laboralista Juan Valera, director fundador de Valcaya Legal, explicó que buena parte de este incremento responde a decisiones tomadas desde el Congreso, como leyes y convenios colectivos que aprobaron aumentos salariales y mejoras en pensiones. 

“En muchos casos —precisa— los incrementos, sobre todo en salud y educación, fueron la salida a protestas o plantones, pero no necesariamente vinieron acompañados de mejoras en las capacidades técnicas del personal. Eso genera un problema: se paga más, pero el servicio público no mejora en la misma medida”, advirtió para La República.

Estas cifras reflejan un esfuerzo por dignificar la carrera pública en áreas esenciales, aunque también implican una carga creciente para el gasto corriente del Estado.

¿Qué dice el MTPE? La lectura técnica de Fernando Cuadros

Ahora bien, el economista laboral Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo, advierte que las cifras que muestran una ventaja tan amplia del sector público deben leerse con cautela. Según explicó a La República, la remuneración promedio del sector privado formal “está en torno a S/2.800 mensuales y en el sector público es muy similar; no supera los S/3.000”.

“Buena parte de la discrepancia en las fuentes proviene de que algunas instituciones usan datos en bruto de la Planilla Electrónica (Sunat o BCRP), mientras que el Ministerio de Trabajo procesa la información de manera técnica. La fuente depurada y oficial es el anuario del MTPE”, señaló.

Cuadros también precisó que los aumentos en el sector público no fueron arbitrarios ni desmedidos, sino que respondieron a una recuperación tras años de restricción salarial, en especial por la limitación de negociación colectiva en el Estado.

“Desde 2022 los incrementos se dieron dentro de marcos presupuestales, como parte de una corrección después de años de rezago”, añadió.

Asimismo, matizó la lectura fiscal: el gasto en planilla pública representa alrededor del 7% del PBI, una proporción baja frente a estándares internacionales. “Por sí sola no constituye un riesgo fiscal crítico, aunque requiere mejorar la eficiencia del gasto”, sostuvo.

Finalmente, aclaró que el 28% del empleo público corresponde solo al universo formal. Si se incluye toda la población ocupada (formales e informales), el empleo estatal representa apenas el 9% del total, lo que cambia completamente la comparación con la OCDE.

Para Cuadros, el reto de fondo no está en contener los sueldos públicos, sino en fortalecer la negociación colectiva en el sector privado, hoy muy débil. “El bajo nivel de sindicalización impide que los aumentos de productividad se traduzcan en mejoras salariales. En cambio, la negociación centralizada del Estado sí ha permitido incrementos más definidos y controlados”, concluyó.

Empleo público más calificado

La OCDE destaca que ofrecer salarios competitivos y beneficios adecuados es clave para atraer y retener talento en la gestión pública. Además, señala que la composición del empleo estatal es diferente a la del privado: hay menos vacantes y mayor proporción de personal calificado.

En 2022, el 73,9% de los trabajadores públicos contaba con educación superior, frente al 42,9% del sector privado formal, según el MTPE. De hecho, la cantidad de trabajadores privados formales sin educación superior —1,3 millones— superaba a la totalidad del personal estatal (1,05 millones).

No obstante, el sector privado tiende a ofrecer mejores remuneraciones a medida que aumenta el nivel de especialización. Por ejemplo, un médico senior en el sistema público puede ganar cerca de S/10.000, mientras que en el sector privado puede superar los S/12.000, dependiendo de la especialidad.

Para Valera, esta diferencia también está condicionada por la diversidad de sectores dentro del ámbito privado. “No es lo mismo ser gerente de recursos humanos en una microempresa que en una transnacional”, señala. “Los sueldos dependen del tamaño de la empresa, del rubro —no es igual una petrolera que una de retail— y del pago de utilidades. Todo ello genera una brecha interna que distorsiona el promedio”.

Además, señaló que la falta de políticas claras de equidad salarial dentro de las organizaciones agrava el problema. “Si las empresas cumplieran con políticas de equidad salarial, los promedios serían más estables”, apuntó.

Una brecha regionalmente alta

Aun considerando esas diferencias, la brecha entre los salarios públicos y privados en el Perú sigue siendo una de las más amplias de la región. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario promedio público peruano superó en 55% al promedio de toda la fuerza laboral en 2024. En contraste, la brecha promedio de los países de la OCDE es de apenas 16%.

El principal factor detrás de esta diferencia es la alta informalidad de la economía peruana, donde los salarios son más bajos y reducen el promedio nacional. Así, el Perú se ubica por encima de Chile (26%), México (36%) y Costa Rica (53%) en desigualdad salarial entre sectores.

A esto se suma el tamaño del Estado. Según el MTPE, el sector público emplea al 28% de los trabajadores del país, mientras que en la OCDE el promedio es de 18%.

Según Valera, esta brecha también debe analizarse considerando la estabilidad laboral. “No siempre el empleo público es más estable que el privado. Hay regímenes distintos y, en el caso del CAS, las condiciones recién se están igualando. Los últimos incrementos en el Estado se explican, en parte, por las mejoras aprobadas para ese régimen”, sostiene.

Por otro lado, el mercado laboral privado muestra señales de estancamiento. El salario promedio solicitado por los trabajadores peruanos en sus postulaciones se redujo en agosto a S/3.275 mensuales, lo que representa una caída de 0,47% respecto a julio, según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran. 

El economista Fernando Cuadros explicó a La República que esta reducción refleja más bien un estancamiento de los sueldos, debido a factores estructurales como la escasez de empleo formal frente a una alta oferta de mano de obra. “Muchos trabajadores terminan aceptando remuneraciones más bajas con tal de acceder a un puesto”, señaló.

Además, el mercado laboral se mueve en función del crecimiento económico, y hoy el país prácticamente no está creciendo, o lo hace a un ritmo mínimo. En ese escenario, explicó Valera, es difícil ser optimista respecto a una mejora salarial cuando no se observan nuevas contrataciones ni señales positivas desde las empresas.

Por el contrario, varias industrias enfrentan problemas, y eso complica aún más la posibilidad de que los trabajadores puedan negociar aumentos. En última instancia, es el propio mercado el que termina regulando esos niveles de remuneración

Como advirtió el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el principio del gasto público debe ser brindar servicios de calidad, no necesariamente generar más puestos de trabajo. En otras palabras, lo esencial es un Estado eficiente y ágil, no uno más numeroso.

Sostenibilidad fiscal bajo presión

El Banco Mundial recomienda que el gasto estatal en salarios crezca a una tasa igual o inferior al PBI, a fin de mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

Si bien el Perú logró esa paridad durante gran parte de la última década, ha incumplido su regla fiscal en 2023 y 2024, y —según la OCDE— está camino a hacerlo por tercer año consecutivo.

El rápido crecimiento de la planilla pública plantea una disyuntiva. Por un lado, refleja el esfuerzo por profesionalizar el aparato estatal; por el otro, genera presiones sobre el déficit y la eficiencia del gasto.

Valera considera que el principal desafío está en recuperar la meritocracia. “Vemos aumentos que no están necesariamente ligados a un mejor desempeño. Si el Estado paga más, pero no atrae nuevo talento ni mide resultados, lo que tenemos es un aparato más costoso, no más eficiente”, sentenció.

En un contexto de bajo crecimiento económico y restricciones fiscales, el debate se reabre: ¿el Perú está construyendo un Estado más eficiente o simplemente uno más costoso?