
Como un avance histórico consideró la Asociación de Pacientes y Usuarios de Servicios de Salud del Perú (Esperantra) la aprobación y publicación de la ley que impide el despido de los trabajadores con cáncer en el Perú.
“Representa un paso hacia la no discriminación y la inclusión laboral, en línea con compromisos internacionales de derechos humanos”, señaló Karla Ruiz directora de Esperantra a La República.
Remarcó que mantener el empleo garantiza también la continuidad del acceso a EsSalud, lo cual incide directamente en la oportunidad del tratamiento y la sobrevida”, agregó.
Sin embargo, Ruiz advirtió que la ley podría presentar algunos vacíos en su aplicación, especialmente en trabajadores con contratos temporales, en periodo de prueba o en cargos de confianza.
Además falta definir la articulación con programas de protección social, lo que podría dejar a pacientes vulnerables sin un marco de apoyo real.
Otra de las limitaciones es que, no se distingue entre el tamaño y capacidad económica de las empresas. Y es que para grandes empresas o corporaciones con alta rentabilidad y relaciones laborales estables, es razonable exigir que asuman directamente la responsabilidad de mantener al trabajador.
Sin embargo, advirtió que “para las micro y pequeñas empresas (mypes), la carga puede ser insostenible; en estos casos, el Estado debería asumir subsidios o compensaciones que permitan proteger al trabajador sin poner en riesgo la viabilidad del negocio”.
Entre las recomendaciones de Esperantra al Estado están:
• Incluir en la reglamentación criterios diferenciados según tamaño y rentabilidad de la empresa, para equilibrar derechos laborales con sostenibilidad empresarial.
• Crear un fondo estatal de apoyo que subsidie a mypes que mantengan trabajadores diagnosticados con cáncer.
• Garantizar que los trabajadores conozcan sus derechos mediante campañas masivas de información.
• Complementar la norma con programas de reincorporación laboral post-tratamiento y empleo inclusivo, siguiendo ejemplos de Europa y Latinoamérica.
Finalmente, la directora de Esperantra dijo que es clave que la implementación de la norma distinga entre grandes empresas, que deben asumir directamente la responsabilidad de proteger a los trabajadores; y micro y pequeñas empresas, que requieren apoyo del Estado mediante subsidios.
"Solo con este enfoque diferenciado lograremos que la norma sea justa, sostenible y realmente efectiva. El cáncer no debe ser motivo de exclusión laboral, proteger a las personas en esta situación es una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y la sociedad", sostuvo.

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