Transportistas denuncian que fueron obligados a suspender paro en Lima por amenazas: "Despidieron choferes por protestar"

Una grave denuncia ha detenido las protestas del gremio de transporte urbano en Lima Metropolitana. La Asociación Nacional de Conductores del Perú, presidida por Miguel Palomino, denunció públicamente que los trabajadores del sector fueron víctimas de amenazas, amedrentamientos y despidos tras convocar a un paro nacional para los días 24 y 25 de julio. El objetivo de la medida era marchar contra el creciente número de asesinatos, extorsiones y ataques que sufren los transportistas en todo el país. Sin embargo, la paralización fue finalmente suspendida debido a lo que el gremio califica como "presiones sistemáticas" de parte de empresas operadoras y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

"Esta difícil decisión ha sido tomada en medio de un contexto de constantes amenazas, presiones y amedrentamientos por parte de los propietarios de empresas de transporte y funcionarios de la ATU, quienes buscan silenciar nuestra voz", señala el comunicado emitido por la Asociación. La suspensión de la protesta no responde a una falta de voluntad por parte de los conductores, sino al temor de represalias que, según afirman, ya se han hecho realidad.

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Despidos como represalia

Miguel Palomino, presidente del gremio, aseguró a La República que algunos trabajadores comentaron que fueron expulsados de sus puestos, apenas intentaron sumarse a las manifestaciones. “Tenemos ahorita dos conductores de una de las empresas que han sido despedidos el mismo día en que intentaron protestar. Hay varios casos similares. Las empresas piensan que estamos promoviendo una rebelión, cuando lo que queremos es visibilizar una crisis que nos está matando", explicó.

El dirigente reiteró que la verdadera intención del paro era llamar la atención del Estado ante la creciente inseguridad ciudadana que afecta directamente a los trabajadores del transporte urbano. “Nosotros no estamos luchando contra las empresas ni contra la ATU. Estamos exigiendo protección. El sistema actual ha demostrado ser incapaz de detener las extorsiones y asesinatos que sufrimos a diario". Y no solo ellos, sino que los pasajeros también están en riesgo.

La seguridad, un reclamo ignorado

Durante su pronunciamiento, Palomino criticó duramente a la ATU y a las empresas por su inacción ante la ola de crímenes. “Ellos deberían ser los primeros en exigir al Gobierno acciones concretas. ¿Cómo es posible que haya más de 20 transportistas muertos en los últimos meses y que nadie diga nada? No levantan la voz, no interpelan a las autoridades, no protegen a sus trabajadores. Esa omisión los convierte en cómplices”, manifestó.

Según cifras extraoficiales recopiladas por el gremio, al menos 10 choferes han fallecido este año víctimas de atentados vinculados a mafias de extorsionadores. Muchos de ellos eran padres de familia y el sustento económico de sus hogares. La mayoría de estos crímenes, aseguran, permanecen impunes.

“Nosotros salimos cada día a trabajar sin saber si regresaremos vivos. Nos matan por deudas que ni siquiera conocemos, por extorsiones que las asociaciones o empresas no denuncian, pero que sí terminan pagando, y en el camino, los que caen somos nosotros”, declaró Palomino con evidente indignación.

El dirigente explicó que, a pesar de haber intentado canales de diálogo, las autoridades se han mantenido al margen. “Yo como presidente tengo que velar por mi gremio. Pero cuando vamos a reclamar, nos cierran las puertas, nos despiden, nos amenazan. ¿Qué clase de democracia es esta, donde pedir protección es motivo de represalia?”, cuestionó.

Asimismo, recordó que el pasado 11 de abril se realizó una reunión interinstitucional con participación de varios poderes del Estado para tratar la crisis del transporte urbano. Sin embargo, aquella mesa de trabajo no llegó a ninguna solución concreta. Después de esa reunión, los asesinatos continuaron. Hoy son más de 10 personas las que han perdido la vida, y siguen esperando que alguien actúe.

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ATU no se pronunciará ante acusación

A pesar de la gravedad de las denuncias, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao no ha emitido pronunciamiento oficial hasta el cierre de esta edición. La República intentó comunicarse con representantes de la institución, pero indicaron que no brindarán declaraciones ni responderán sobre los hechos mencionados por la Asociación de Conductores.

Debido a la falta de respuesta de las autoridades. Palomino aclaró que el gremio tomará acciones legales contra las empresas que hayan despedido a trabajadores por intentar ejercer su derecho a la protesta, y también contra la ATU por no interceder ante el Estado en defensa de los choferes.

Circulación normal durante el el 24 de julio

A pesar del anuncio del paro, los días 24 y 25 de julio el transporte público funcionó con normalidad. Desde tempranas horas de la mañana, empresas como Etuchisa, Vipusa y Gran Estrella ofrecieron sus servicios sin interrupciones. De igual forma, los corredores complementarios y buses del Metropolitano, administrados por la ATU, operaron con regularidad.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó unidades en distintas zonas de Lima para prevenir incidentes. No se reportaron enfrentamientos ni heridos durante los dos días previstos para la protesta.

Sin embargo, algunos pasajeros expresaron su preocupación en redes sociales por la posibilidad de quedarse sin transporte. Esa tensión inicial fue disipada con el correr de las horas, al evidenciarse que el paro no se concretó.

Una nueva convocatoria

Pese a lo ocurrido, el gremio no da marcha atrás. La Asociación Nacional de Conductores ha oficializado una nueva convocatoria para los días 27 y 28 de julio, coincidiendo con las celebraciones por Fiestas Patrias. En esa fecha, aseguran, saldrán nuevamente a las calles para exigir garantías de seguridad y para pedir la salida de la actual mandataria, Dina Boluarte, a quien acusan de negligencia frente a la crisis del transporte urbano.

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