
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció con entusiasmo la supuesta donación de 90 vagones, 19 locomotoras y repuestos por parte de la empresa estadounidense Caltrain. Presentó el hecho como un gesto desinteresado que no representaría ningún costo para los peruanos y que, según sus palabras, marcaría un antes y un después en el transporte público de la capital.
Sin embargo, documentos oficiales, declaraciones contradictorias, observaciones de la Sunat y la omisión de ciertos detalles clave por parte del propio alcalde han puesto en duda la supuesta donación, y revelan que el acuerdo habría sido, en realidad, una venta de unidades que ya habían sido retiradas del servicio.
Pero vamos desde el inicio. El 12 de julio del 2025 llegó al puerto del Callao el primer lote de trenes de Estados Unidos. En un evento con bandas y arengas, Rafael López Aliaga recibió personalmente las locomotoras y aseguró que se trataba de una donación para Lima. “Ni un sol de los limeños se ha usado para esto”, afirmó.
Los trenes, con los logotipos de Caltrain, fueron cargados en camiones y escoltados como si se trataran de trofeos. Pero mientras se celebraba la llegada, comenzaron a surgir las primeras alertas en organismos del Estado.
Y es que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) solicitó a la Municipalidad de Lima sustentar con documentos oficiales el valor registrado en abril de este año, que asciende a S/822 millones, muy por encima del valor original declarado por el donante, que fue de casi 4.9 millones de dólares.
En la carta oficial de donación emitida por Caltrain, empresa de transporte público del estado de California, EE.UU., se detalla que la donación incluye 90 vagones, 19 locomotoras y repuestos, con un valor total estimado de 4.9 millones de dólares. Sin embargo, la Municipalidad de Lima registró esa misma donación con un valor de 822 millones de soles, es decir, más de 220 veces el valor original.
La Municipalidad respondió alegando que ese monto no corresponde a un precio de mercado, sino a un “valor técnico patrimonial” asignado por una empresa consultora para fines contables. La explicación no convenció a muchos. Hasta ahora, no se ha aclarado por qué el valor fue tan elevado.
No es todo, poco después, documentos oficiales revelaron que la donación de trenes habría sido una venta de unidades que ya habían sido retiradas del servicio.
De acuerdo con información difundida por Epicentro TV, el 15 de enero de 2025 se abordó en una sesión del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain el envío de dicha flota a Lima. En el acta de la reunión, los trenes fueron catalogados como parte del "retiro de flota diésel" y se menciona que “se firmó un acuerdo con Lima, Perú, para la venta de locomotoras y servicios de mantenimiento diésel”.
También, se describe a los trenes como “equipos retirados” del sistema estadounidense. La misma acta menciona una declaración de Jeff Carter, representante de Caltrain, quien se mostró satisfecho de que los trenes “retirados” tuvieran “una nueva vida” en Perú.
En ninguna parte de los informes internos de Caltrain se habla de una “donación”. De hecho, la empresa celebró la “remuneración recibida” y el hecho de que el equipo retirado del servicio pudiera ser reutilizado en otro país. Los términos usados en los registros públicos son “sale” (venta) y “agreement” (acuerdo de transacción).
Más aún, antes de concretar la operación con Lima, Caltrain había publicado una convocatoria pública de venta para deshacerse del material rodante obsoleto.
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A esto se suma la revelación del exministro Rafael Rey, quien afirmó que la Municipalidad de Lima sí pagó más de 7 millones de dólares a Caltrain, lo que contradice directamente la versión oficial de que se trataba de una donación.
“No se puede decir que es una donación cuando se ha pagado una suma importante. Se puede decir que fue casi un regalo, pero no una donación”, afirmó Rey en entrevista con La República.
Además, cuestionó el presupuesto inflado que se mencionó para el traslado de los trenes. Mientras se hablaba de un gasto de 24 millones de dólares, aclaró, que la propia empresa naviera encargada del transporte indicó que el servicio costaría menos de 3 millones.
Por su parte, el ingeniero ferroviario Daniel Maguiña cuestionó la falta de transparencia en torno al proyecto de trenes adquiridos por la Municipalidad de Lima. Además, advirtió que “Las autoridades deben ser transparentes con los ciudadanos, sobre qué equipos llegan, en qué condiciones y qué gastos implicarán”, dijo en Latina.
Maguiña también criticó que se haya promocionado la iniciativa como una inversión de mil millones de dólares, cuando, según sus cálculos, su valor técnico no superaría los 400 millones. Además, alertó sobre los costos adicionales que podrían surgir por el estado en que se encuentran los trenes: “Estamos hablando de unidades que fueron retiradas por obsoletas, con una antigüedad de 40 años”.
La llegada parcial del material rodante ha vuelto a poner en discusión la viabilidad del tren Lima–Chosica. Aunque Aliaga ha prometido que el servicio estará operativo en 2026, hasta ahora no se ha presentado un cronograma oficial ni se han detallado los costos reales que implicará ponerlo en marcha.
Mientras tanto, El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó que el tren Lima–Chosica entre en funcionamiento este año, tal como había sugerido el alcalde Rafael López Aliaga.
Durante una mesa técnica con funcionarios municipales, representantes de la concesionaria y técnicos de la ATU, Sandoval fue claro en señalar que no existen condiciones técnicas ni de seguridad que permitan el inicio del servicio, ni siquiera en una fase de prueba con pasajeros.
Como ejemplo, mencionó un incidente reciente en el que una de las locomotoras se descarriló mientras era trasladada a un almacén, lo que, según indicó, demuestra los riesgos de apresurar el proyecto sin respetar los protocolos técnicos establecidos.

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