
La Séptima Fiscalía Superior Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María logró que el Poder Judicial impusiera una condena de 14 años de prisión efectiva a Paulo Pérez, agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), por el asesinato del vigilante de un hotel ubicado en el distrito de Lince. La misma resolución también estableció una pena suspendida de dos años para Karla Ordinola, quien lo acompañaba en ese momento y trató de encubrir el crimen.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió en 2021, cuando Jonattan Inga, vigilante del establecimiento, subió al cuarto piso tras escuchar gritos y golpes. La pareja conformada por Pérez y Ordinola discutía en los pasillos, por lo que Inga intervino. En ese momento, el policía le disparó en el pecho, lo que provocó su muerte inmediata.
El administrador del hotel solicitó apoyo a la PNP. En paralelo, Paulo Pérez ocultó su arma en un mueble de la habitación y negó haber realizado el disparo. Karla Ordinola también afirmó falsamente que él no había usado su arma de fuego.
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Durante el juicio oral, la fiscal adjunta superior Luz Isabel Liberato Conde presentó pruebas que demostraron la responsabilidad penal de ambos. El tribunal concluyó que Paulo Pérez cometió el delito de homicidio calificado en agravio de Jonattan Inga. Karla Ordinola fue hallada culpable de encubrimiento real, en perjuicio del Estado.
El fallo judicial incluyó el pago de S/ 100 000 como reparación civil a favor de los deudos de la víctima, además de S/ 5000 destinados al Estado peruano por el daño causado.
Inicialmente, el Ministerio Público solicitó una condena de 22 años de prisión para el agente. En primera instancia, el Poder Judicial dictó una pena de 17 años. Sin embargo, la defensa de Pérez apeló la decisión al argumentar que su patrocinado había actuado bajo los efectos del alcohol. En segunda instancia, la Corte Suprema revisó el caso y redujo la sentencia a 14 años de prisión efectiva.
La condena también impuso reglas de conducta para Karla Ordinola, quien cumplirá dos años de pena suspendida tras haber dificultado el desarrollo de las investigaciones en sus primeras etapas.
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El proceso penal, que se extendió por casi cuatro años, generó atención por tratarse de un miembro activo de la Policía Nacional. La familia de Jonattan Inga expresó su conformidad con el fallo, aunque lamentó que la pena haya sido menor a la solicitada por la Fiscalía.
El Ministerio Público destacó la relevancia de la sentencia, debido a que sienta un precedente frente a casos en los que efectivos de la Policía emplean su arma de reglamento fuera del ejercicio de sus funciones. La Inspectoría General de la Policía decidió separar a Pérez de la institución tras confirmarse su responsabilidad penal.
Con esta decisión de la Corte Suprema, la condena queda consentida. Paulo Pérez deberá cumplir los 14 años de prisión en un establecimiento penitenciario, mientras que Karla Ordinola permanecerá en libertad, sujeta a supervisión judicial.

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