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Sociedad

A 10 años del Caso Saweto, maniobras legales retrasan justicia para líderes indígenas asesinados por madereros ilegales: viudas son hostigadas

Durante la audiencia de apelación del 5 de junio, los abogados de los culpables abandonaron la sala, alegando parcialidad judicial, lo que AIDESEP considera un intento de entorpecer el proceso.

Caso Saweto: abogados de los sentenciados se retiran de la audiencia de apelación. Foto: Rosa Quincho / La República/ AIDESEP
Caso Saweto: abogados de los sentenciados se retiran de la audiencia de apelación. Foto: Rosa Quincho / La República/ AIDESEP

“¿Es justicia o impunidad?”, se pregunta el presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Jamer López, luego de que, una vez más, el Caso Saweto buscara ser dilatado por parte de la defensa de los sentenciados Josimar y Segundo Atachi Félix, acusados de emboscar, torturar y asesinar a los cuatro líderes asháninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, aquel lejano 6 de septiembre de 2014.

El pasado 5 de junio, durante la séptima sesión de la audiencia de apelación, los abogados Fernando Ángeles Gonzales y Lizandro Leveau Pezo, defensa de ambos hermanos, abandonaron la sala de manera intempestiva, aludiendo a una supuesta parcialidad por parte de los jueces que llevan el proceso, así como alegando presuntos adelantos de opinión.

No obstante, desde AIDESEP acusan que este comportamiento tiene como objetivo “entorpecer el avance del proceso judicial, socavar su legitimidad y prolongar la impunidad por un crimen que ha marcado profundamente la historia de los pueblos indígenas amazónicos”.

“Después de este proceso, realmente se va a legitimar la impunidad si se sigue dilatando y permitiendo hacer estas artimañas de estrategia. Lamentamos la actitud que está tomando la defensa”, sentencia el apu Jamer para La República, quien ha seguido el juicio y ha estado presente en el momento en que los abogados abandonaron la audiencia. 

“Resulta desconcertante y muy cuestionable la actitud de los abogados de los sentenciados constatada en el desarrollo de esta sesión de la audiencia de apelación, toda vez que estarían buscando quebrar el proceso, el cual viene desarrollándose con imparcialidad e irrestricto respeto del debido proceso”, sentenció Rocío Trujillo, parte de la defensa legal de las agraviadas del caso.

Se reanudará el juicio de apelación el 12 de junio: se pide frenar las dilaciones 

Han pasado casi once años desde que los líderes asháninkas Edwin Chota, Leoncio Quintísima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos fueran asesinados por defender la tierra donde vivían. Esta no es una apreciación personal, es una realidad que el caso Saweto ha confirmado tras la declaración de un testigo protegido, quien aseguró que Eurico Mapes, los hermanos Segundo y Josimar Atachi, José Estrada y Hugo Soria atentaron contra la vida de los líderes “por denunciar lo que defendían: el bosque, la naturaleza”. Edwin, Leoncio, Francisco y Jorge se oponían a la presencia de madereros ilegales que operaban impunemente en Alto Tamaya-Saweto.

“Indicaban que iban a agarrarle, que era un soplón, un bocón (…) Salieron a agarrarle cuando él (Chota) estaba marcando un teléfono. Entonces le han ahorcado, le han golpeado contra el teléfono (…) Luego, dentro del local, el señor José Estrada se levantó con su arma, salieron todos y le dijeron (a Chota) que lo iban a matar donde sea, aunque sea en su propia casa, que no iba a escapar (...)”, narró lo dicho por el testigo la jueza Ana Bedoya Maque, tras confirmarse la condena de 28 años, emitida por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, contra los sentenciados en el Caso Saweto. 

Viuda de líder indígena asesinado exige justicia tras 11 años de impunidad. Foto: Billy Torres

En esa línea, según Carlos Rivera, director y abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), la razón por la que los acusados buscar dilatar aún más este proceso es por el testimonio del mencionado testigo protegido, pese a que el marco legal permite no revelar su identidad de mismo, la defensa pide lo contrario. 

“Es una herramienta que se utiliza en muchos procesos judiciales, justamente en casos como este, donde el riesgo de una amenaza o de un atentado contra la integridad o la vida del testigo es un peligro cierto, como ocurre aquí. Sin embargo, ellos están pidiendo la identificación de este testigo (...) [Los abogados] sabían perfectamente que el tribunal les iba a denegar ese pedido. Por eso, tomaron esa actitud. Tú no puedes abandonar a tu cliente por más que estés perdiendo un juicio”, alega Rivera.

La próxima sesión de la audiencia está programada para el 12 de junio. Desde AIDESEP, “se espera que el recurso de recusación interpuesto haya sido resuelta por la Segunda Sala de Apelaciones y el proceso pueda continuar sin más dilaciones”. 

La búsqueda de la justicia contra la impunidad: viudas del Caso Saweto aún son hostigadas

Hace un año, la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenó a 28 años y tres meses de cárcel efectiva a cuatro de los cinco acusados del asesinato de los líderes asháninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, ocurrido el 1 de septiembre de 2014. A la condena se le ha sumado una reparación civil de 200.000 soles en favor de los deudos. En ese momento, Ergilia Rengifo, esposa del dirigente Jorge Ríos y también lideresa de Saweto, declaró para Mongabay Latam que se sentía tranquila por la resolución, pero que “para ese derrame de sangre no hay cura”.

Fue el 31 de agosto de 2014 cuando los dirigentes partieron desde Alto Tamaya-Saweto con destino a la comunidad indígena de Apiwtxa, para participar en una asamblea entre defensores ambientales del bosque que protegían, el cual comprende parte de la frontera entre Perú y Brasil. Siete días después, fueron emboscados y asesinados en un tambo cercano a la quebrada Putaya. El cazador Jaime Arévalo halló los cuatro cadáveres.

Desde ese momento, la búsqueda de justicia por este cuádruple homicidio ha sido —y continúa siendo— larga y tormentosa. “Las viudas de los líderes asesinados tienen miedo de las represalias en caso se gane el juicio. Lamentablemente, los líderes indígenas, las comunidades, viven en un estado de vulnerabilidad constante por la amenaza de las economías ilegales. Al inicio de este proceso, que empezó en marzo, ellas han recibido llamadas extrañas, llamándolas por su nombre y queriendo sacar información”, sentencia el presidente de ORAU. “No todo queda en que el juicio se termina y se dicta la sentencia efectiva, después también habría que garantizar la protección”, acota.

“Es altamente probable que se produzca una sentencia condenatoria. Pero el tema de la seguridad y la eficacia de los métodos de protección para los defensores es, en realidad, casi un papel mojado. Son estructuras que caminan con pies de barro; no tienen casi ninguna eficacia”, finaliza Carlos Rivera. 

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