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Sociedad

Hay 1.900 denuncias por trata de personas, pero solo 30 condenas

Esclavitud moderna. Perú enfrenta alarmante baja en condenas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Solo el 1.58% de imputados han sido sentenciados. Cada año hay casi 5 mil víctimas de explotación sexual y laboral. 

Según cifras del Ministerio Público, en 2024 hubo 1.900 denuncias por delitos contra la dignidad. Foto: Difusión
Según cifras del Ministerio Público, en 2024 hubo 1.900 denuncias por delitos contra la dignidad. Foto: Difusión

Cuando los agentes de inteligencia ingresaron al hotel Requiebro, en el Cercado de Arequipa, confirmaron sus peores temores: una menor de 15 años era explotada sexualmente por una red que captaba a sus víctimas a través de las redes sociales.

Se detuvo a Alexander Mendoza (35) quien engañaba a las víctimas ganándose su confianza para que le enviaran fotos o videos íntimos. Luego amenazaba con publicar ese material si no accedían a sus exigencias, como ocurrió con la menor.

En el Perú, la trata de personas se ha convertido en un fenómeno alarmante que afecta a miles de ciudadanos. Según cifras del Ministerio Público, en 2024 hubo 1.900 denuncias por delitos contra la dignidad.

Pero uno de los datos más preocupantes es la baja tasa de judicialización y condena en casos de trata de personas.

En ese mismo periodo el Poder Judicial solo registró 30 sentencias condenatorias, lo que significa que apenas el 1.58% de los imputados llegó a la cárcel.

Pero, ¿por qué hay tan pocas condenas? Son varios los factores, pero lo cierto es que nuestra capacidad de sanción no es óptima. La respuesta del Estado ha disminuido de forma preocupante, básicamente por un tema de investigación.

Cada año hay casi 5 mil víctimas de explotación sexual y laboral. 

El abogado Mario Amoretti dice que tenemos un sistema reactivo, donde la principal fuente de prueba es la declaración de las víctimas. Y si la agraviada, por un tema de presión, amenaza u otros, cambia de versión, afecta toda la investigación de la fiscalía.

La investigación reactiva, al depender de la declaración de la víctima, es muy frágil. Además, hay casos que no se denuncian por vergüenza o temor a represalias o porque no hay confianza en la justicia, señala.

Un análisis sobre la esclavitud moderna da cuenta que cada año hay en el país unas 5.000 víctimas de trata. De ellas el 36.2% son menores de edad, captados con falsas promesas de empleo o estudio.

Redes se han fortalecido

Los datos del Centro de Atención Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo revelan también que en los últimos años las redes criminales han fortalecido su control sobre este delito, pues mientras que entre 2006 y 2021 un 28% de los casos atendidos tenía múltiples víctimas, entre 2022 y 2025 la cifra aumentó a 39%. Esto es una señal clara del crecimiento de estructuras delictivas cada vez más sofisticadas y peligrosas.

Además, un análisis del centro de atención de CHS Alternativo sobre la nacionalidad de las víctimas refiere que, en 2021, el 11% de víctimas de delitos contra la dignidad eran extranjeras; sin embargo, en 2024 el porcentaje aumentó a 28%, es decir casi la tercera parte de las atenciones.

Estas cifran revelan cómo las bandas criminales operan de manera trasnacional, aprovechando la corrupción y que la persecución penal por estos delitos en el país aún tiene retos.

La dignidad en riesgo

Este patrón sugiere que la trata de personas en Perú no solo es un problema interno, sino que también involucra redes internacionales que operan en la región. Así lo señaló Mercedes Arce, directora de Programas y Proyectos de CHS Alternativo, durante la presentación “La dignidad en riesgo: nuevas realidades de la explotación humana”.

Arce explica que en los últimos años el perfil de las víctimas de trata de personas sigue siendo femenino, sobre todo jóvenes, que son captadas con fines de explotación sexual. Y hay un incremento importante de las víctimas extranjeras, de Venezuela, Colombia y Ecuador, entre otros.

Y un factor que complica aún más la situación es la posible complicidad de familiares en la explotación de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad. En algunos casos, los propios familiares pueden estar al tanto de la explotación o incluso involucrados en el proceso.

Esto plantea un reto adicional para las autoridades, que deben abordar no solo la explotación, sino también evaluar el entorno familiar.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, afirma que las investigaciones también evidencian un incremento de casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y, sobre todo, el desconocimiento de los menores de edad para reconocer situaciones de riesgo como el grooming.

Una encuesta nacional realizada por CHS Alternativo entre 2023 y 2025 menciona que en Lima y Callao el 60% de adolescentes interactúa en línea con adultos que se esconden detrás de falsos perfiles.

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