Tras la captura de 8 delincuentes que habían secuestrado al empresario José Luis Damaso el pasado jueves, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho – Zona Baja, dirigida por el Fiscal Provincial César Fernando Jiménez Rodríguez, logró que se declare fundado el requerimiento de detención judicial por flagrancia contra los implicados.
Los detenidos, identificados como, Junior Tomas Moreno Villarael (25), Carlos Miguel Angulo Ramírez (24), Kelvin José Viña Hernández (21), José Luis León Moreno (24), Richard Xavier Tiamo (34), Franklin Antonio Decena Palacio (23), Michel Nakary Hernández (26) y Jesús Alberto Burguillo Palacios (36), estarán detenidos por siete días, mientras se continúan con las investigaciones.
Asimismo, el despacho del fiscal Jiménez Rodríguez ha dispuesto la realización de diligencias urgentes, como la toma de declaraciones de testigos, el levantamiento del secreto de telecomunicaciones de los detenidos y pruebas de absorción atómica para confirmar el uso de armas de fuego.
Como se recuerda, el empresario fue secuestrado en el distrito de Zárate después de ser interceptado tras un proceso de vigilancia por parte de la banda criminal. Posteriormente, fue trasladado a un inmueble ubicado en el pasaje Italia, en la zona Naciones Unidas de El Agustino, donde fue sometido a brutales torturas.
Según el general Marco Conde Cuéllar, director de Investigación Criminal de la PNP, las labores de inteligencia y la colaboración de fuentes humanas permitieron identificar el lugar donde la víctima era retenida. Durante el operativo, uno de los delincuentes intentó frustrar la intervención policial retirando el seguro de una granada de guerra con intención de lanzarla, pero fue abatido antes de lograrlo. El artefacto explosivo fue desactivado por la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), evitando una tragedia mayor.
Además de la granada, se incautó un revólver empleado por los secuestradores, ambas piezas clave como evidencia. Según declaraciones del general Conde Cuéllar, el uso de armas por parte de los agentes fue indispensable para garantizar la seguridad de la víctima y de los efectivos policiales.