A casi dos años de registradas las protestas nacionales contra el gobierno de Dina Boluarte, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno acusó a una manifestante, quien fue encontrada culpable del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de disturbios. En ese contexto, la mujer fue sentenciada a 5 años de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida.
El fiscal adjunto provincial Eddy William Cáceres Caxi expuso los detalles del caso contra Fermina Pandia L., quien participó de las manifestaciones en febrero del 2023 durante las protestas desarrolladas a nivel nacional. En audiencia ante el Poder Judicial, detalló que un grupo de manifestantes bloqueó las vías y exigió dádivas a los conductores para poder continuar con su ruta, lo que llevó a la intervención policial y a un enfrentamiento que culminó con la detención de Pandia.
Las manifestaciones en Puno, que dejaron decenas de ciudadanos muertos asesinados por las fuerzas del orden, fueron parte de un movimiento social más amplio que buscaba expresar el descontento de la población ante el ascenso al poder de Dina Boluarte. Durante estas protestas, se registraron múltiples incidentes de violencia, disturbios y enfrentamientos entre ciudadanos y agentes del orden.
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Precisamente, el 10 de febrero de 2023, un grupo de personas, entre las que se encontraba Fermina Pandia, comenzó a generar disturbios en Alto Puno. La Policía llegó a la zona para restablecer el orden y se desató un enfrentamiento, circunstancia en la cual Pandia -según la acusación- intentó arrebatar el arma de un policía y lo agredió físicamente, lo que resultó en su detención.
En su momento, Fermina Pandia, quien se dedica al comercio de salteñas y al cuidado de 9 hijos, aseguró que no participaba de las protestas; sin embargo, terminó ensangrentada por una herida en la cabeza.
Tras la audiencia, se dictó una pena privativa de libertad de 5 años, la cual quedó suspendida bajo ciertas condiciones. Fermina Pandia deberá cumplir con diversas reglas de conducta y pagar una reparación civil a favor del Estado. Además, se advirtió que, en caso de cometer otro delito, su pena podría convertirse en una sentencia efectiva.
Esta sentencia marca un precedente en la respuesta judicial ante los disturbios generados durante las protestas en Puno; sin embargo, hay que precisar que hasta el momento no existe ninguna sentencia contra los agentes de las Fuerzas Armadas que asesinaron a decenas de manifestantes, entre ellos un médico y menores de edad que no participaban de las protestas.
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