El último jueves el Congreso aprobó modificar el Código Penal para procesar y sancionar como adultos a los adolescentes a partir de los 16 años cuando cometan delitos graves. La medida ha sido criticada por la Defensoría del Pueblo, Unicef y penalistas y psicólogos.
La Defensoría del Pueblo refiere que la reducción de la edad para que los adolescentes respondan penalmente como lo hacen los adultos no es una medida acorde con su desarrollo integral e interés superior.
Unicef advierte que menores son el último eslabón en la cadena de delincuencia. Foto: difusión
Señalan que si bien el Estado hace esfuerzos por brindar una atención a los menores de edad, “esto aún es insuficiente, por lo que existen grupos dentro de esta población que terminan siendo abandonados por el Estado y expuestos a continuar el camino de contexto violento en el que se encuentran”.
En tanto, Unicef manifiesta su preocupación por la norma y recordó que los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establecen que los adolescentes no pueden ser juzgados, ni sancionados como adultos. “Están en una etapa de desarrollo y por ende deben ser juzgados y sancionados dentro del Sistema Penal Juvenil especializado que está orientado a garantizar su reinserción social”.
Y confían que el Perú siga cumpliendo con el compromiso asumido con la infancia cuando ratificó la CDN en 1990.
En tanto, el penalista Mario Amoretti señala que es inconstitucional, porque el Perú ha firmado el Tratado de Viena y allí se considera como adulto a la persona a partir de los 18 años y además viola el principio de igualdad ante ley y es discriminatorio, “si un menor de 16 o 17 años mata a su madre o padre es un infractor, pero si comete un secuestro es un delincuente. Eso no puede ser”. Apuntó que los menores deben ser juzgados en su propia ley (Código de los Niños y Adolescentes).
En tanto, la psicóloga Edith Jara, secretaria del consejo directivo del Colegio de Psicólogos del Perú, recordó que la adolescencia es una etapa que implica cambios importantes y radicales.
Dijo que estos cambios ocurren “en esta etapa, sobre todo en las diferentes formas de pensar, comprender el mundo, las vicisitudes de las situaciones que ocurren alrededor del adolescente. Esto implica cambios cognitivos, afectivos, el adolescente busca ubicarse en un grupo social, busca libertad que muchas veces no la tiene socialmente, experimenta transformaciones de corte socioafectivo”.
En ese sentido, Jara apunta que pensar de manera radical que el menor puede ser imputable de cualquier responsabilidad penal, es muy complicado.
“Como país tenemos un código que respalda la vida, cautela la salud, física, mental y social de los niños y adolescentes. Entonces es una propuesta (ley) que no va a ayudar a reducir las situaciones violentas en la que puede estar involucrados y nos pone como país frente al mundo como en desistimiento de algún tipo ordenamiento jurídico internacional. Además, pertenecemos a la Convención de los Derechos del Niño”.
Dijo hay que incrementar acciones para la prevención de estos delitos desde temprana edad, educar a las familias y a los jóvenes para generar conductas prosociales, habilidades sociales que fomenten la participación en una sociedad más saludable y armoniosa.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que evaluarán la ley aprobada en el Congreso que responsabiliza a menores de edad como adultos. Si es necesario, presentarán demanda de inconstitucionalidad.
La fiscal de familia Violeta Gómez Hinostroza señaló que recluir a un adolescente en un penal durante muchos años, incluso con cadena perpetua, junto a personas adultas que han cometido delitos, no tiene ningún efecto resocializador; todo lo contrario. Y estarían gravemente expuestos a abusos.