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Sociedad

Sentencian a policías por recibir S/ 22 de coima por Yape para no detener a soldado

Durante el juicio quedó probado que los policías montaron un falso operativo para detener al agraviado. No podrán ejercer funciones en el aparato estatal, según sentencia.

larepublica.pe
Agentes de la Policía fueron encontrados culpables durante juicio. Foto: composición LR/PJ

Dos policías fueron encontrados culpables del delito de concusión por lo que fueron sentenciados a cuatro años de prisión suspendida. De acuerdo a la acusación fiscal, los dos agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron de manera ilegal a un integrante del Ejército del Perú que iba vestido de civil, a quien exigieron dinero a cambio de no detenerlo.

El magistrado Roller Javier Calongos La Torre de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte acusó por concusión a los policías Jim J. Palomino A. y Humberto L. Mejía D.

De acuerdo a la tesis fiscal, los dos policías detuvieron ilegalmente al miembro del Ejército en medio de un falso operativo de control de identidad. En medio de sus actos, acusaron al hombre de estar inmerso en el presunto delito de deserción por lo que lo obligaron a entregar una suma de dinero a cambio de no detenerlo.

Para concretar su ilícito, no solo privaron de su libertad al agraviado sino que lo subieron a una unidad policial para hacerle dar varias vueltas por las inmediaciones de la avenida Habich. Durante este trayecto, lograron que el soldado, haciendo uso del aplicativo Yape, les transfiera la suma de 22 soles. Solo así lo dejaron en libertad.

Una vez libre, el agraviado acudió ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía de Lima Norte para denunciar todo lo que le había ocurrido lo que permitió la detención de los ambos agentes de la PNP.

Al termino del juicio oral, el fiscal Roller Javier Calongos consiguió que los policías Jim Palomino y Humberto Mejía, además, sean sentenciados al pago de una reparación civil de 15.000 soles y la inhabilitación por el plazo de 10 años para ejercer función pública.