Congreso insiste en aplicar pena a menores infractores desde los 16 años: ¿es posible? Esto dicen los expertos

El Congreso peruano ha presentado el proyecto de ley n. ° 8166/2023-CR, que busca establecer la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 16 años para delitos graves como homicidio, sicariato, robo agravado y extorsión.

La iniciativa, encabezada por el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros del grupo parlamentario Avanza País, pretende reducir la inseguridad ciudadana y los índices de participación juvenil en delitos graves. Sin embargo, surge la pregunta de si es adecuado y eficaz tratar a menores de edad como delincuentes comunes en términos de su reinserción social.

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La República se comunicó con expertos en Derecho y Sociología, quienes han manifestado sus preocupaciones respecto a la efectividad y las implicaciones de esta medida. El abogado penalista Carlos Caro comentó que "este proyecto de ley va en contra de las convenciones internacionales en materia de protección de menores", y destacó que estas convenciones establecen la edad mínima de responsabilidad penal en 18 años.

Según Caro, la medida no solo es incompatible con los estándares internacionales, sino que también podría llevar al perfeccionamiento de la carrera criminal de los menores al mezclarlos con adultos en el sistema penitenciario.

Por su parte, el sociólogo Raúl Porras Lavalle señaló que la medida "no va a resolver ni va a reducir el índice de delincuencia". Porras cuestionó la capacidad del sistema penitenciario para albergar a más reclusos y argumentó que la responsabilidad de los delitos cometidos por menores recae principalmente en los padres. "No es el Estado, sino el Gobierno de turno el que criminaliza a los menores de edad", añadió; a la vez, subrayó que la medida refleja un desconocimiento de la realidad social y no beneficia a nadie.

"Esto me recuerda a Dostoievski: 'El grado de civilización en una sociedad se puede juzgar al ingresar a sus prisiones.'", reflexiona Porras, quien actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal y se dedica a la investigación en la Legión de Comunicaciones del Ejército Peruano.

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Proyecto de ley es una medida desesperada por combatir la inseguridad

El proyecto de ley n.º 8166/2023-CR surge en un contexto de creciente inseguridad ciudadana en Perú. La iniciativa busca reducir los índices delictivos mediante la implementación de penas más severas para adolescentes a partir de los 16 años. Sin embargo, muchos críticos ven esta medida como una reacción desesperada que no aborda las causas que originan la delincuencia juvenil.

Carlos Caro, abogado penalista, argumenta que "la medida no sería eficaz porque implicaría mezclar a menores de edad con adultos, perfeccionando la carrera criminal de estos menores". Esto sugiere que en lugar de rehabilitar a los jóvenes infractores, la medida podría exacerbar su comportamiento delictivo.

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Estadísticas de crímenes cometidos por menores de edad van en aumento

Las estadísticas sobre delincuencia juvenil en Perú muestran un preocupante aumento. Según un informe del INEI nombrado ‘Perú: anuario de la criminalidad y seguridad ciudadana 2018-2022’ se mostró que el número de niñas, niños y adolescentes retenidos en distintas instancias (juzgados de familia, centros preventivos, etc.) por cometer alguna infracción pasó de 966 en 2021, a casi 5.000 en 2022. A fines del 2023 había casi 2.000 jóvenes recluidos en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del Ministerio de Justicia. Estos datos reflejan una mayor participación de menores en actividades delictivas graves, lo que ha llevado al Congreso a proponer medidas más estrictas para abordar el problema.

Raúl Porras Lavalle refirió que "es una medida populachera" que no considera el contexto socioeconómico de los jóvenes. Porras subrayó que muchos adolescentes se ven involucrados en delitos debido a factores como la presión de grupo y la falta de oportunidades educativas y laborales.

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El Gobierno y la criminalización de los menores

El debate sobre la responsabilidad penal de menores de edad refleja una tensión entre la necesidad de seguridad y los derechos de los adolescentes. La propuesta de ley ha sido criticada por su enfoque punitivo y su potencial para criminalizar aún más a una población vulnerable.

El abogado Carlos Caro resaltó que "estas medidas no serían eficaces" y recordó que propuestas similares en el pasado fueron derogadas por violar convenciones internacionales. El sociólogo Raúl Porras agregó que "la responsabilidad recae en los padres", sugiriendo que el enfoque del gobierno debería centrarse en fortalecer las estructuras familiares y educativas en lugar de imponer penas más severas a los menores.

Finalmente, aunque la propuesta de establecer responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 16 años busca reducir la delincuencia, expertos en derecho y sociología advierten que podría tener efectos contraproducentes. Tratar a los menores como adultos en el sistema penal puede no solo violar convenios internacionales, sino también perpetuar un ciclo de criminalidad y marginalización.