El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea (Congreso de la República) un informe acerca del contrato de concesión realizado entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima en 2013.
La entidad adelantó que en el análisis que realizó al contrato han advertido varias modificaciones mediante el procedimiento de “actas de acuerdo” que han elevado las tarifas del peaje, algunas obras pactadas, la retribución a la comuna, entre otras obligaciones.
Asimismo, advirtió que, a partir de estas modificaciones, se podrían presentar conductas inescrupulosas o hechos de corrupción.
Por su parte, Rutas de Lima no demoró en responder mediante una carta, en la que rechazó asistir a la presentación del informe de la Defensoría.
Señalan que nunca se les pidió opinión o intervención, lo que generaría que “el documento contenga información inexacta” o “sesgada”. Agregaron que esta conducta es repetitiva en los otros procesos judiciales en los que Defensoría del Pueblo también participa.
“Reiteramos nuestra profunda preocupación por el comportamiento de la Defensoría del Pueblo, que viene cuestionando la validez del proyecto y afirmando una inexistente vulneración al interés público”, se lee en el documento.
Entre tanto, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, señaló a La República que, si bien no han sido invitados a la presentación del informe, le parece bien que la Defensoría del Pueblo marque una posición frente al tema de los peajes de Rutas de Lima.
“Si bien la empresa ha hecho dos intercambios viales, sigue siendo igual el tráfico. Tampoco ha cumplido con algunas obras por la nula entrega de terrenos, pero debió hacerlos antes”, indicó.
Añadió que la población espera la anulación de los peajes. No obstante, en un escenario adverso, podría haber una crisis social en Puente Piedra.
Similar posición tuvo el demandante Ramón Pairazamán, quien espera el fallo final del TC por el caso de peajes.