En las calles del Cercado de Lima, los comerciantes sueñan con encontrar tranquilidad y seguridad. Ya no quieren buscar refugio cada vez que hay una balacera, un crimen, un robo. Manuel Lira, el dueño de una tienda, es uno de ellos. “A veces se matan entre ellos”, dice.
Manuel y sus vecinos fueron testigos de una serie de asesinatos por ajuste de cuenta y de venganza entre la organización criminal ecuatoriana ‘Los Tiguerones’ y la organización criminal venezolana ‘Los Gallegos del Tren de Aragua’.
Los primeros buscaban hacerse de esa plaza de explotación sexual hasta que el 19 de febrero del 2022 asesinaron a dos de sus compatriotas. Elvia Milena y Gabriela Beatriz fueron baleadas por negarse a pagar cupos a ‘Los Gallegos’.
Un postulante a colaborador eficaz afirmó en su manifestación que quien ordenó el asesinato de las dos ecuatorianas fue José Ortega Padrón, alias Armando, junto con Anyerbe Torrealba, alias Chino.
Al primero, la Policía le atribuye ser el líder de ‘Los Gallegos’ en Perú, desde diciembre del 2021. Él decidió la ejecución de algunos integrantes de bandas rivales por el control de plazas y ordenó el asesinato de las víctimas de explotación sexual, con el fin de coaccionar a las demás mujeres a que paguen.
Esa fue una guerra declarada por la plaza que tenían ‘Los Tiguerones’, que desde el 2021 se dedicaban a traer mujeres desde su país para explotarlas sexualmente en alianza con mafias peruanas.
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La División de Homicidio puso entonces en la mira al líder de ‘Los Tiguerones’ en el Perú: Armando Darío Guevara Mejía, alias Armando G.
Este es un prontuariado delincuente que no le teme al ‘Tren de Aragua’. Armando G. se muestra en videos con lujosos autos, rodeado de guardaespaldas ecuatorianos. Esa guerra ha dejado al menos 20 muertos.
El 4 de febrero del año pasado, los agentes de Homicidios y de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (Beicce) capturaron en el distrito de Los Olivos a cinco miembros de esa red ecuatoriana.
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Poco después, otro ecuatoriano identificado como Jhonatan Israel Torres Zamora fue detenido por agentes de la Interpol, en ese mismo distrito.
Su captura pasó desapercibida hasta que se reveló su amplio historial delictivo por crímenes cometidos en su país y sus vínculos con ‘Los Tiguerones’.
Incluso tenía una orden de captura internacional por el asesinato de su compatriota Darwin Figueroa Rivera, ocurrido en el 2021.
Su presencia en territorio peruano iba más allá de su afán de escapar de la justicia de su país, pues luego se confirmó que llegó al Perú con el claro objetivo de expandir los tentáculos criminales de ‘Los Tiguerones’ y desplazar a las facciones del ‘Tren de Aragua’ dedicados a la trata de personas, la venta de drogas, extorsión y el sicariato.
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De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), actualmente en las cárceles del Perú hay 4.300 presos extranjeros. De ellos, 162 son ecuatorianos y 15 pertenecen a la banda criminal ‘Los Tiguerones’.
Del total de internos foráneos, 1.171 están por robo agravado, 573 por tráfico ilícito de drogas, 110 por homicidio calificado, 93 por extorsión, 45 por secuestro, 35 por explotación sexual, 35 por organización criminal, 32 por banda criminal, 19 por sicariato, 15 por extorsión agravada y 19 por feminicidio.
“En Perú no podría ocurrir lo de Ecuador porque ellos, lamentablemente, perdieron el principio de autoridad. Perú no. Yo no niego que a veces vulneran la seguridad en los penales, pero la autoridad no la hemos perdido”, dijo en RPP el jefe del INPE, Javier Llaque.
Rivales. ‘Los Tiguerones’ y ‘Los Choneros’ se disputan el tráfico de drogas en Ecuador.
Prófugo. José Macías Villamar (a) Fito es el líder de ‘Los Choneros’, a la que atribuyen nexos con el cártel de Sinaloa.
Enfoque. Ricardo Valdés, exviceministro del Interior
Las autoridades parecieran carecer de sentido de urgencia para frenar la inseguridad y la criminalidad organizada. Las víctimas crecen diariamente y hay múltiples evidencias de que el crimen transnacional ya se encuentra fuertemente instalado en el país.
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Requerimos invertir significativamente en infraestructura, equipamiento, vehículos, tecnología y formación profesional para poder controlar el territorio que hoy domina la criminalidad. Lo mismo aplica para las unidades de investigación y criminalística. Son ellas las que nos darán precisión en la intervención y aportarán las pruebas que permitan sentenciar a los delincuentes. Por cierto, urge también que las decisiones fiscales y judiciales se tomen con celeridad y carácter.
La inversión en los establecimientos penitenciarios no puede esperar más. Las grandes organizaciones criminales que operan en torno al Perú surgieron y se fortalecieron en los penales de sus países. La población penal extranjera se ha duplicado recientemente en el Perú y hace tiempo que no contamos con estándares adecuados de seguridad en nuestros penales.
Si se requiere declarar en emergencia las adquisiciones para las fuerzas del orden, debe hacerse bajo un estricto control concurrente de la Contraloría.
¿Y nuestras autoridades? Que dejen de lado las medidas efectistas e improvisadas. Los Consejos de Seguridad Ciudadana son espacios para tomar decisiones y poner indicadores que permitan evaluar la ejecución de las acciones. Háganlo, es urgente.