El Ministerio Público está en crisis, después del operativo Valkiria. Este puso al descubierto una red criminal liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que negociaba presuntamente el voto de los congresistas para traerse abajo la Junta Nacional de Justicia, la designación del defensor del Pueblo y la suspensión de la fiscal Zoraida Ávalos.
La junta de fiscales superiores de Arequipa se ha pronunciado sobre ello sin mencionar los nombres de los implicados. Los cinco magistrados firman un documento, y en cuyo contenido rechazan los actos de corrupción en las instituciones públicas, "en especial nuestra institución" y toda conducta que afecte la imagen del Ministerio Público.
Los fiscales supremos exigieron también respeto a la autonomía e independencia de la labor fiscal. Esa tarea, sostienen, resulta esencial para un Estado de Derecho a efecto de cumplir con el deber constitucional de perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos, la independencia de poderes e intereses públicos.
Firman el pronunciamiento Ciro Alejo Manzano, Fernando Ramos Hurtado, Santiago Irigoyen, Miriam Herrera Velarde y Virginia Aquize Díaz. Esta posición va alineada al comunicado emitido por la Junta de Fiscales Provinciales de Arequipa, que integran 65 magistrados. Sin mencionar nombres, estos también rechazaron los actos de corrupción.
La fiscal de Crimen Organizado en Arequipa, Alejandra Cárdenas, ha sido la única que ha pedido la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos actos de corrupción. Ella trabajó hasta agosto del 2022 en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos de Lima.