Sindicato de la Defensoría del Pueblo denuncia despidos arbitrarios

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo denunció que la gestión de Josué Gutiérrez Cóndor despidió de forma arbitraria y sin previa evaluación a 15 empleados CAS, con lo que incumplió la cláusula 4 del convenio colectivo vigente entre el sindicato y la entidad pública. Los denunciantes exigieron que se deje sin efecto las cartas de no renovación. Además, solicitaron evaluar los contratos temporales y convertirlos en relaciones laborales permanentes al argumentar que los trabajadores desempeñan labores esenciales y continuas para la entidad.

En su comunicado, los miembros del sindicato afirmaron que el defensor del Pueblo se comprometió personalmente con los trabajadores en más de una ocasión, durante eventos institucionales y reuniones de trabajo, a dar continuidad a los trabajadores CAS.

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Trabajadores despedidos no fueron evaluados

El Sindicato de la Defensoría del Pueblo resaltó que el 7 de agosto envió una carta al defensor del Pueblo para solicitar una evaluación a cargo de la OGDH en colaboración con los jefes de las unidades orgánicas para analizar los contratos temporales de cada empleado. Esto tuvo como objetivo la elaboración de un informe que detalle las funciones, cargos y responsabilidades de cada trabajador, ya que, según la evaluación realizada por la organización sindical, están desempeñando funciones permanentes.

No obstante, esta evaluación requerida por la ley no se llevó a cabo en la Defensoría, lo que resultó en el envío de las cartas de no renovación sin justificación. De acuerdo con la Ley 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, específicamente en su disposición complementaria, se establece que el contrato administrativo es de tiempo indefinido, a menos que se utilice para tareas de necesidad transitoria o suplencia. En este caso, no se realizó una evaluación adecuada para que la Defensoría determinara si los trabajadores ya estaban realizando labores permanentes.

En esta misma normativa, se establece que el contrato administrativo se extingue por decisión unilateral de la entidad si se argumenta una causa indisciplinaría o incapacidad del trabajador debidamente comprobada. Si se realiza un despido sin estos factores, se puede realizar un proceso de impugnación y un juez puede declarar su nulidad y la reposición del colaborador.

Otras demandas del Sindicato de la Defensoría del Pueblo

En otro comunicado, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo mencionó que se utiliza al personal de la Defensoría para llevar a cabo actividades que no están en línea con el mandato constitucional. Además, expresó su desacuerdo con la reducción de los requisitos para acceder al puesto de adjunto en la Defensoría

En esa misma línea, la secretaria general del sindicato, Magali Gónzales Manco, proporcionó declaraciones a la prensa expresando la inconformidad del gremio con el reciente nombramiento de Elizabeth Zea Marquina como adjunta de Asuntos Constitucionales, ya que —según argumentó— carece de experiencia para el cargo público y tiene cuestionamientos por sus vínculos con Fuerza Popular.

Tras ello, se denunció que Zea Marquina increpó de manera violenta a la representante del sindicato debido a sus declaraciones . "Rechazamos cualquier acto de represalia, hostigamiento o coacción contra cualquier trabajador o trabajadora de nuestra institución", dicta el pronunciamiento del sindicato.