Ciudadanos extranjeros indocumentados serán expulsados del Perú el próximo 10 de noviembre
El traslado se daría por vía aérea tras el vencimiento del proceso de regularización, afirmó el ministro del Interior.
El titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero, anunció que el Gobierno peruano expulsará a los ciudadanos extranjeros indocumentados el próximo viernes 10 de noviembre. Los migrantes que no culminen su proceso migratorio, a fin de definir su situación como legal, tienen menos de un mes para hacerlo. El sector, en coordinación con su par de Venezuela, ha estado realizando vuelos desde Lima hacia Caracas hace más de 3 meses para definir la aerolínea en la que podrían ser trasladados los migrantes.
"Quisiera invocar a todos los extranjeros que traten de regularizarse lo más pronto posible. El día 10 de noviembre vence el plazo. Hace poco hemos tenido, a través de los especialistas, una reunión virtual con el viceministro de Venezuela para poder facilitar el trabajo que hace el Perú. En estas semanas probablemente nos reuniremos con ellos (la aerolínea Latam) para ver de qué manera podemos facilitar lo más rápido posible", sostuvo Romero.
Ciudadanos extranjeros que cometan delitos también serán expulsados
El Gobierno peruano aprobó dos decretos legislativos que permiten la expulsión de los ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el Perú y la sanción a quienes promuevan la trata ilegal de personas. Las medidas fueron establecidas durante la sesión del Consejo de Ministros debido a la ola de criminalidad que azota al país.
El primer ministro, Alberto Otárola, sostuvo: "El primer decreto legislativo modifica el Código Penal y permite la expulsión de los extranjeros, al término de su pena, cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata de personas, entre otros delitos". Asimismo, se sancionará a las personas extranjeras que promuevan o faciliten el reingreso clandestino de los sentenciados al territorio nacional.
El segundo decreto aprobado realiza una ampliación en el control de identidad de los extranjeros de cuatro a 12 horas. Ello, con el objetivo de que la Policía y la Fiscalía cuenten con el tiempo suficiente para identificarlos y verificar los antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en cualquier otro. Otárola sostuvo: “¿Qué pasa hasta este momento? La Policía solo tenía cuatro horas para la plena identificación de estas personas que delinquen. Esto promovía que rápidamente vengan los abogados y se genere una impunidad cuando no se podía acreditar la identidad, procedencia o los datos básicos de estos extranjeros. Este plazo se amplía a 12 horas, en cuyo término la Policía va a poder hacer el trabajo y, si están en situación de flagrancia, procederán conforme a ley para la sanción y detención inmediata de estas personas”.
