La muerte de un inspector de la Sutrán y la agresión a otros nueve en Apurímac a manos de delincuentes contratados por transportistas informales, es consecuencia del empoderamiento que este sector ilegal ha ido ganando con el apoyo de grupos políticos como el fujmorismo y el Gobierno de Pedro Castillo con el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien aún tiene presencia en esa cartera a través de algunos de sus colaboradores que se mantienen en la actual gestión, aseguró Martín Ojeda, gerente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre.
“La ilegalidad en el transporte comienza a consolidarse en la primera campaña de Keiko Fujimori. Los colectiveros estuvieron involucrados en el aporte a su campaña y ya en el Congreso la bancada fujimorista promovió proyectos a favor de los informales del transporte”, declaró a La República.
Explica que los ilegales se empoderan aún más con Pedro Castillo, quien con el exministro Juan Silva suscribe el DS N.º 003-2022-MTC del 5 de abril de 2022 que aprueba el Reglamento del Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóvil Colectivo, dándole respaldo a los informales que empiezan a ganar las calles y a enfrentarse con la autoridad encarnada en los inspectores de transportes de las municipalidades, la ATU, la Sutrán y la misma Policía de Tránsito.
Foto: El Peruano
Antes de eso, Juan Silva, al frente del MTC, suscribió el 27 de diciembre de 2021 la Resolución Ministerial N.º 1354-2021-MTC que aprueba la creación del “Padrón de prestadores del servicio de transporte de personas en automóvil colectivo” que autoriza prestar el servicio a cualquier chofer con sola una firma en padrón, medida que fue considerada por los especialistas como un “golpe a la formalidad”.
Precisamente, en el MTC se mantiene Anatoly Pavel Ruiz Cueva, quien el 24 de febrero del año pasado, mediante RS N.º 004-2022-MTC, fue designado por Juan Silva como miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutrán. Actualmente, es director ejecutivo de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC y sigue siendo miembro del comité ejecutivo de Sutrán.
Para Martín Ojeda, las mafias de transportes están en nivel sicariato y así como los ciudadanos marcan el 105 para pedir auxilio a la PNP, “las empresas de transporte ilegal tienen números de teléfono en grupo para pedir la presencia de matones o sicarios, dependiendo de su necesidad de respuesta ante las autoridades en operativos, generalmente contra los inspectores de la Sutrán en todo el país”.
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El especialista manifestó que “los informales cobran los pasajes a un precio que es tres veces más caro que los formales, debido a que no pagan impuestos, carga logística, planillas, seguro ni terminal terrestre. Se llevan el dinero líquido y con ello hacen bolsas para pagar favores a las autoridades que los protegen. Lamentablemente, esa es la realidad”, apuntó.
Cabe precisar que el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, anunció la contratación de personal de seguridad privada para que acompañe en sus labores a los inspectores de la Sutrán; sin embargo, la violencia se pudo haber evitado si el MTC suscribía un convenio con el Ministerio del Interior para que los miembros de la PNP acompañen a los inspectores en los operativos, tal como hacen los diferentes municipios que pagan los días de franco de los policías.