Cercado de Lima entrará en estado de emergencia por inseguridad ciudadana

La presidenta Dina Boluarte anunció la extensión del estado de emergencia en el Cercado de Lima. Ello, luego de que la medida sea aplicada en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. La restricción tiene como objetivo proteger los negocios comerciales y a los turistas que visitan los lugares históricos de la capital.

Tras la declaratoria en SJL y SMP, los alcaldes de diversos distritos solicitaron también el estado de emergencia en sus jurisdicciones. Sin embargo, el ministro del Interior, Vicente Romero, descartó, en ese entonces, sumar uno más.

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La jefa de Estado sostuvo en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) desde Trujillo: "Extenderemos el estado de emergencia para el orden interno en el Cercado de Lima, en apoyo a los vecinos y emprendedores que han invertido en pequeños negocios y para dar seguridad a los miles de turistas que visitan nuestro centro histórico".

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¿Qué significa el estado de emergencia?

La declaratoria del estado de emergencia es un régimen que se aplica cuando existe la "perturbación de la paz o del orden interno", según refiere la Constitución Política del Perú. Ello, con el objetivo de que se le otorgue al Estado ciertas competencias para afrontar una "catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación". Esta situación de excepción está especificada y contenida en el artículo 137.

¿Qué medidas regirán en los distritos declarados en emergencia?

De acuerdo con las medidas que implica el estado de emergencia declarado en los tres distritos peruanos, se establecen la restricción de los siguientes derechos:

• Derecho a la libertad
• Inviolabilidad de domicilio
• Libertad de reunión
• Libertad de tránsito.

Es decir, tras la declaratoria, las autoridades podrán injerir en reuniones de ciudadanos en espacios públicos o privados, así como intervenir a aquellos que se desplacen por el distrito. En esa misma línea, las fuerzas del orden podrán ingresar a los domicilios en caso de que se requiera un operativo o investigación sobre un hecho determinado.