Luego de tres días de incertidumbre, desinformación e improvisaciones, el Gobierno anunció que destinará S/54.5 millones para atender las necesidades en materia de seguridad ciudadana de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima, y los distritos que conforman la provincia de Sullana (Piura), los cuales fueron declarados en emergencia.
Cada distrito recibirá, en promedio, S/15 millones. El resto será para la Policía y el Ministerio de Defensa.
Pero, ¿cómo serán distribuidas estos montos? Según explicó Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, “en modo general”, el total de los 54 millones de soles incluyen la compra de 1.000 body cam, 1.000 alarmas vecinales, 100 botones de pánico, todo el sistema de servidores y reconocimiento facial, así como 500 cámaras de videovigilancia. Asimismo, anunció que su comuna contratará 400 fiscalizadores y 1.217 serenos, con lo que llegarán a tener 2.000 agentes.
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Todo ello fue anunciado tras la reunión sostenida por la presidenta Dina Boluarte con los alcaldes de los distritos que se hallan bajo la medida de excepción. En la cita participaron también los ministros del Interior, de Defensa y de Economía.
Asimismo, se acordó “inyectar” un presupuesto para el Poder Judicial y Ministerio Público para contar con más módulos de flagrancia, a fin de que los detenidos puedan ser sentenciados en menos de 48 horas.
Durante la rueda de prensa en Palacio de Gobierno, ninguno de los burgomaestres dio detalles sobre cómo será el despliegue de las Fuerzas Armadas en estos 60 días. Pese a que ya transcurrieron más de tres días, solo se ha reportado la presencia de 100 soldados en SJL.
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Ante ello, el alcalde Jesús Maldonado sostuvo que este despliegue de fuerzas responde a un diagnóstico por parte de la Policía, “no de los alcaldes”. “Obviamente, nosotros quisiéramos un número permanente ahí”, precisó.
Y como ya se anticipaba, la promesa del alcalde Rafael López Aliaga de dotar a Lima de 10.000 motocicletas con GPS para luchar contra inseguridad ciudadana no se cumplirá en el corto plazo.
De acuerdo con el teniente alcalde Renzo Reggiardo, solo una parte del primer lote, alrededor de 2.000 motos, podrían llegar hacia fines de año, aunque no aseguró en qué fecha.
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“Nosotros hacemos todo lo posible, pero el sector público es complicado”, aseguró el funcionario. Y agregó que desde el inicio de esta administración se estuvo gestionando el pedido con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para darle transparencia al proceso; sin embargo, “está siendo engorroso y no necesariamente” depende de la municipalidad”.
Aunque los alcaldes de SJL Y SMP manifestaron su conformidad con el estado de emergencia, no opina igual su colega del Rímac, Néstor de la Rosa, quien ha denunciado que en los últimos dos días los casos de hurtos y otros delitos se han triplicado. “Rímac está en medio de SJL y SMP. Se están viniendo a robar acá (...) Tenemos únicamente cuatro camionetas de patrullaje”.