El expresidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, logró que el proceso penal que se le seguía por el caso de contrataciones directas que se hizo en su gestión, prescribiera. Logró ello amparado en la controversial ley Soto (31751), publicada el pasado 25 de mayo. Esta norma reduce a un año el plazo de prescripción de delito una vez que pase la etapa de formalización.
La solicitud fue presentada en el proceso donde se condenó a Juan Manuel Guillén a tres años de pena suspendida, y al exgerente regional, Jorge Luis Aguilar Gallegos, a 4 años y 2 meses de prisión por la comisión del delito de negociación incompatible.
Alejandro Soto, presidente del Congreso. Foto: composición LR/Alvaro Lozano
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Se les halló responsables de la suscripción de 73 contratos directos entre 2012 a 2014, sin procesos de selección y en contravención a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La resolución donde se acepta la prescripción solicitada por la defensa de Guillén, se notificó el primero de setiembre de 2023.
La emitió la Primera Sala Penal de Apelaciones, integrada por los jueces superiores Juan Rodríguez Romero, Carlos Luna Regal y Carlos Mendoza Banda. En la resolución de la sala se explica que el plazo extraordinario de la pena de Guillén era 9 años. Empero al haberse iniciado el proceso en 2014, cuando Guillén tenía 73 años, el Código Procesal Penal refiere que el plazo se reduce en un 50%, es decir 4 años y 6 meses.
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A este tiempo se le debe añadir el año que establece la ley Soto. Bajo esa premisa el plazo de la investigación concluyó en noviembre del 2019. La Sala agrega que solo se analizará el fallo de primera instancia, en el extremo de la reparación civil de 100 mil soles, que se le impuso a Guillén de manera solidaria con su exgerente general, Jorge Luis Aguilar.
El superior también deteminó que la apelación de Aguilar, a quien se le condenó a 4 años y 2 meses de prisión, se revisará para determinar si se ratifica o anula. A casación Fuentes del Ministerio Público indicaron a este diario que la decisión de la Sala Penal de Apelaciones es revisada.
Se presentará un recurso de casación en la Corte Suprema, para que sea esta la que determine si se hizo bien el cómputo de la prescripción de Juan Manuel Guillén.