¿Presos podrían trabajar para asumir gastos de reclusión y reparación civil?: esto dice nuevo proyecto de ley

La legisladora no agrupada Katy Ugarte ha presentado un proyecto de ley para aplicar una "reforma constitucional para que los presos trabajen obligatoriamente y asuman los gastos de su reclusión y el pago de la reparación civil a la víctima". La iniciativa de la exparlamentaria de Perú Libre busca reducir la sobrepoblación penitenciaria.

El artículo 23 de la vigente Constitución de 1993 expresa: "Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento (...)". Sin embargo, con los cambios que propone Ugarte Mamani, se leería esto también: "(...) salvo las personas sentenciadas por delitos y que se encuentren privados de su libertad, quienes sí están obligadas a trabajar según sus condiciones de salud y con su debida retribución con la finalidad de pagar su propia reclusión y la reparación civil a la víctima".

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La congresista por Cusco indica también que, en todo el mundo, hay prisioneros que realizan diferentes tareas como lijar tablones de madera, fabricar muebles, arreglar carreteras o cosechar el campo. Se cuestiona por qué el Perú tendría que ser la excepción.

Es preciso mencionar que, en el 2016, se generó el decreto legislativo que reguló las "cárceles productivas", las cuales ya están implementadas para convocar, mediante un convenio, a un grupo de empresarios que conocen el mercado y puedan contratar a los presos. De esta forma, se les pagará un sueldo a los internos por su trabajo y, con ello, pueden responsabilizarse de las personas a las que agraviaron.

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Katy Ugarte sustenta que su proyecto de ley no produce un gasto adicional al tesoro público. Al contrario, busca reducir el gasto de todos los peruanos para que el mantenimiento de las personas recluidas sea autosostenible.

"La presente iniciativa legislativa tiene relación con las políticas de Estado de 'Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación', 'Acceso al empleo pleno, digno y productivo' y 'Afirmación de la economía social de mercado'", añade el documento.