Pedir DNI en las carreteras y no dejar marchar usando gorra vulnerarían el derecho a protesta

La tercera Toma de Lima está pactada para este 19 de julio. Hasta el momento, diversas delegaciones y organizaciones sindicales del Perú han confirmado su participación en la protesta nacional, que busca la salida de la mandataria Dina Boluarte. En ese contexto, esta mañana, el jefe de la Dirnic, Óscar Arriola, anunció que la PNP llevará a cabo estrictas acciones de control contra los marchantes. Así, por ejemplo, aseguró que registrarán las voces, filmarán a las personas y pedirán el Documento Nacional de Identidad en los peajes y carreteras.

"Los procesos en las carreteras serán rigurosos, en los peajes, a lo largo de todas las vías de acceso. O sea, vale decir, van a mostrar su DNI, se les va a registrar su voz, se les va a filmar, van a tener una inspección corporal y de sus cosas", indicó Arriola para Canal N.

Pero eso no es todo. Además, recomendó que las "personas no asistan con gorras, lentes, pasamontañas ni mochilas a las protestas". Sin embargo, dichas acciones vulnerarían el derecho a la protesta, conforme aseguró el constitucionalista Heber Joel Campos a La República.

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"No tiene asidero, no tiene sentido porque este tipo de medidas se toma cuando existe la presunción de que se van a cometer actos ilícitos, pero no se basa únicamente en una sospecha genérica, sino que se debe tener como fundamento hechos puntuales, concretos. Hasta donde sabemos, eso no ha sido demostrado. La Policía no puede, de manera general, estar haciendo intervenciones de esa naturaleza, eso se realiza en circunstancias excepcionales", inició el abogado.

"De manera preventiva no se puede limitar derechos"

El especialista Heber Joel Campos aseguró que la Policía Nacional del Perú no puede restringir el derecho a la protesta, reunión, y libertad de expresión teniendo como única base "sospechas", "presunciones" o acciones que "podrían suceder".

"Cuando se trata del derecho a la protesta, es importante tener en cuenta que está directamente relacionado con el derecho de reunión y con la libertad de expresión. Entonces, cualquier limitación (...) tiene que estar justificado con una razón de peso, además, no se puede adoptar medidas que tengan como efecto desincentivar un ejercicio legítimo", sostuvo.

Por otro lado, consideró que si la Policía o el servicio de Inteligencia cuenta con información puntual y veraz de que determinadas personas están participando en actos violentos, se debería intervenirlas, siempre cuando exista un evidencia concreta y no simples conjeturas.

"Si es que la Policía cuenta con información concreta, puntual, del Servicio de Inteligencia, que señalan que hay personas que estarían preparando actos violentos, entonces, lo que corresponde es que se proceda a su detención, pero con base a una evidencia concreta, no a una sospecha genérica", argumentó.

Asimismo, argumentó que el control a los manifestantes, que señaló el jefe de la Dirnic, no resultaría compatible con los criterios que tienen las instituciones nacionales e internacionales sobre la protesta.

"Resulta un poco preocupante que se estén planteando este tipo de acciones porque podrían ser consideradas como contrarias a los criterios que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia sobre el derecho a la protesta, pero también opuesto a los puntos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido", finalizó.