Arequipa: Energía y Minas no verificó plan de seguridad de mina donde hubo 27 muertos

La Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) tiene "atadas las manos" para fiscalizar a la pequeña minería y artesanal que opera en Arequipa. Carece de recursos económicos y logísticos.

Esto se desprende del informe que envió esta institución al Consejo Regional de Arequipa (CRA) por las 27 muertes ocurridas en la bocamina Esperanza I, explotada por la empresa Minera Yanaquihua SAC. La concesión se ubica en el sector Ispacas, distrito Yanaquihua, provincia Condesuyos.

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El común denominador es "rechazado" o no hay respuesta ante los pedidos de personal o mayor presupuesto formulado por el titular del GREM, Yakir Rosas Manya. Por ejemplo, meses antes de la tragedia, el 28 de diciembre de 2022, la minera Yanaquihua SAC presentó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) el acta con que su comité aprueba su "plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo 2023". Correspondía verificar su cumplimiento mediante un acto de fiscalización. Eso no sucedió.

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Sin recursos

Al GREM solo se le asignó S/ 104 928 para bienes y servicios en el 2023. El monto no alcanza para contratar fiscalizadores. A la oficina de Presupuesto se le pidió una modificación para contratar 16 trabajadores CAS, siete locadores y siete de apoyo para cumplir con la demanda de 300 mineros formales y 16 818 en proceso. Además de seguros de vida para ocho ingenieros, adquisición de equipos de personal. La solicitud se denegó.

Ya en febrero, tras un diagnóstico y requerimientos del sector, se comunica al gerente general del GRA, Leonidas Zavala, la necesidad de S/ 2 millones 259 mil 174. El pedido no obtuvo respuesta. De igual manera, en marzo, solicitaron hasta seis memorándum dirigidos a la oficina de Recursos Humanos la contratación por CAS de ingenieros para formalización minera y dos abogados. Tampoco hubo reacción.

Por las muertes del 6 de mayo, recién dos días después, un equipo técnico del GREM realizó el levantamiento de documentación, así como la verificación de las instalaciones del campamento y la labor minera, entre ellas galerías, equipos, instalaciones, ventilación, rutas de escape, drenaje, suministro de agua, planos de evacuaciones y otros. Toda esta información sigue en evaluación según el oficio N°738-2023 del GREM y en pocos días habría un pronunciamiento.

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Rozas además invoca al CRA agilizar las gestiones para el aumento del presupuesto por parte del GRA con el objeto de fortalecer supervisiones y fiscalizaciones con viáticos, alquiler de vehículo combustible, equipos para campo, entre otros. Debido a la alta demanda de atención, recomienda por ordenanza la declaratoria de emergencia. En junio del 2022 se tomó esa acción pero sin ningún efecto.

"La actividad minera se ha desnaturalizado (…) por la presencia de múltiples conflictos, por invasión, denuncias de uso de armas de largo alcance, crímenes organizados, tráficos de tierras, amenazas y denuncia a funcionarios", sustentó el gerente Rozas.

Se necesitan cerca de 41 fiscalizadores

Según el "Informe situacional y plan de trabajo GREM 2023" para reactivar la subgerencia de Minería y subgerencia de Energía se requieren 32 trabajadores en la modalidad CAS y 9 por locación de servicios para cumplir con el plan Operativo Anual del 2023.

"Al no ser atendidos oportunamente pueden desembocar en conflictos de mayor envergadura con potenciales pérdidas humanas como también el incremento de la minera ilegal en la región Arequipa", señala el documento.

Se llamó al gerente Yakir Rozas Manya para que dé sus impresiones pero no contestó su celular.